Bogotá, 9 de agosto de 2025 — Un reciente reportaje de la revista Semana advierte que el Gobierno de Gustavo Petro ha perdido el dominio sobre la frontera con Ecuador, una zona clave de 586 kilómetros que hoy está bajo el control de una alianza criminal que amenaza la soberanía nacional.
Auge del crimen organizado en área limítrofe
El informe revela que, en los últimos dos años, organizaciones criminales —integradas por narcotraficantes, disidencias guerrilleras y carteles njeros— han tomado el control del flujo de personas, drogas, armas y minerales entre ambos países. Se han identificado al menos 185 pasos ilegales utilizados para el contrabando, cada uno protegido por hombres armados.
Mock institucional y desbordamiento de autoridad
Un alto oficial ecuatoriano admitió ante Semana que estas mafias “han comprado todo lo que han querido. Tienen para pagar fiscales, jueces, uniformados y políticos… pero no tenemos la capacidad de dominarlos”. Además, agentes militares colombianos en coordinación confesaron que su capacidad de respuesta está limitada: carecen de equipos de inteligencia adecuados, cámaras de vigilancia, y actualmente enfrentan restricciones operativas y recortes presupuestales significativos.
Crisis en capacidades militares y policiales
La XXIII Brigada del Ejército, encargada de proteger Nariño, recibió un recorte presupuestal de aproximadamente 21 %, mientras que la XXVII Brigada en Putumayo no obtuvo fondos en 2024 y solo alcanzó a recibir unos 46 millones de pesos este año. La Policía Nacional también enfrenta una brecha operativa frente al crecimiento de la criminalidad.
Grupos criminales con presencia y cobertura
Entre los actores que dominan la frontera están los Comandos de la Frontera, vinculados a disidencias de las FARC y la “Constru”; también operan grupos como el Estado Mayor Central (frente Oliver Sinisterra), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y organizaciones como los Comandos, Comuneros del Sur, y el Frente Carolina Ramírez. Estas estructuras están involucradas en tráfico de drogas, minería ilegal, extorsión y violencia contra comunidades.
Consecuencias y retos inmediatos
La pérdida del control territorial amplifica riesgos ambientales y humanitarios: las mafias construyen infraestructuras, como puentes, en zonas selváticas para facilitar el transporte de hoja de coca y productos ilícitos. Las comunidades rurales, especialmente indígenas y campesinas, enfrentan chantaje, extorsión y violencia sistémica. Además, la cooperación binacional entre Colombia y Ecuador se encuentra en un momento crítico, pues la soberanía territorial y la seguridad regional se ven seriamente comprometidas.
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