Entre el 16 y el 24 de junio, quince familias del pueblo indígena Jiw huyeron del resguardo Naxael Lat, ubicado en la región del bajo Guaviare. Su salida forzada ocurrió por amenazas directas de grupos armados ilegales, que buscan controlar la estratégica “Trocha Ganadera”. Los desplazados llegaron a San José del Guaviare y Puerto Concordia. Desplazamiento forzado de indígenas Jiw en Guaviare activa alerta internacional de la ONU.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia condenó estos hechos. El organismo exigió al Estado reforzar las medidas de protección para evitar nuevas tragedias. Además, pidió aumentar los recursos en municipios receptores como Mapiripán (Meta), que enfrenta una sobrecarga por la llegada de más víctimas.
El conflicto territorial se agudiza por la ola invernal, lo que agrava las condiciones de vida de las familias afectadas. En paralelo, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Mapiripán adelantan tareas de verificación junto con personal de la ONU.
La ONU pide acciones urgentes al Gobierno colombiano; Desplazamiento forzado de indígenas Jiw en Guaviare activa alerta de la ONU
La ONU instó al Gobierno Nacional a ejecutar planes de contingencia más robustos para atender el desplazamiento indígena en Guaviare. También solicitó fortalecer las acciones preventivas para proteger a las comunidades indígenas y campesinas en riesgo.
Según la ONU, esta crisis representa una amenaza directa a los derechos fundamentales de los pueblos originarios. La organización recordó que los desplazamientos forzados violan tanto el Derecho Internacional Humanitario como tratados internacionales de derechos humanos.
En su comunicado, la ONU también exigió a los grupos armados no estatales que respeten a la población civil. “Sus acciones no pueden afectar a los habitantes del territorio”, sentenció el organismo con sede en Ginebra.
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Disidencias de las FARC, detrás del terror en la Trocha Ganadera
En esta zona operan disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco. La subestructura 44, conocida como ‘Antonio Ricaurte’, ha protagonizado enfrentamientos por el control de rutas clave para el narcotráfico y la minería ilegal.
Las autoridades han detectado cerca de 10.000 confinamientos en las últimas semanas, además de la imposición de un paro armado. La Brigada 22 del Ejército Nacional ejecuta operativos con presencia de tropas en zonas de riesgo, pero las comunidades siguen denunciando ausencia estatal en los territorios.
La ONU también recordó que entre 2022 y 2024 se documentaron más de 650 casos de reclutamiento de menores en el país. En lo que va de 2025, ya se han registrado 118 casos verificados.
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