Santiago. En la última década, se ha documentado que al menos dos mil activistas medioambientales han perdido la vida en diversas partes del mundo debido a su incansable defensa de los territorios que consideran sagrados. De este alarmante total, sorprendentemente, el 85 por ciento de estos asesinatos han tenido lugar en América Latina. Esta región se ha convertido en un verdadero campo de batalla para los defensores de los derechos humanos, un fenómeno que ha sido reconocido y estudiado por la Comisión Económica para América Latina y América del Caribe.
Con el advenimiento del año 2023, los datos son incluso más desgarradores; se reportaron 196 activistas que perdieron la vida, destacando que casi la mitad de estos eran indígenas o afrodescendientes. De este modo, América Latina ha sido identificada como la región más peligrosa para aquellos que se dedican a la defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades locales.
Estos datos alarmantes fueron revelados en un informe presentado en la capital chilena, que se encuentra documentado en el testigo global 2023/24. Este informe, elaborado por organizaciones no gubernamentales con sede en Inglaterra, destaca los vínculos fundamentales entre la devastación del medio ambiente, la corrupción institucional y las graves violaciones de los derechos humanos que ocurren en la región.
El informe señala que «América Latina, con el 85 por ciento de estos crímenes, se consolida como una de las regiones más peligrosas para quienes luchan por la sostenibilidad ambiental, especialmente en un contexto donde proliferan actividades extractivas e ilegales que carecen de una regulación efectiva». Este contexto es crítico y merece la atención de toda la comunidad internacional.
El tercer foro celebrado en Saint Kitts y Nevis tuvo como objetivo reunir a delegados estatales, líderes comunitarios y representantes de organizaciones sociales para mejorar el plan de acción en relación al Acuerdo de Escazú, un tratado que busca fortalecer la defensa ambiental en la región.
El informe global 2023/24 hace hincapié en la grave situación en Colombia, que lamentablemente reporta 79 asesinatos; seguido de Brasil con 25, y tanto México como Honduras con 18 cada uno, así como Filipinas con 17 asesinatos confirmados. De un total de 18 países donde ocurrieron estos crímenes, 11 pertenecen a América Latina, lo que subraya la urgencia de abordar este problema.
Un destacado líder guatemalteco del JUC, un concilio de defensa en Latinoamérica, resaltó la necesidad de proporcionar apoyo psicológico y legal a las familias y sobrevivientes de los defensores que han sido asesinados. «Muchas veces, estas familias son encabezadas por mujeres viudas, que además tienen la carga de cuidar a niños e hijas pequeñas, y carecen de protección frente a posibles represalias», enfatizó.
Jamner Manehuari, coordinador de las organizaciones de pueblos autóctonos, afirmó que «es imperativo que nos organicemos, ya que existe una ausencia de estatalidad en la aplicación de regulaciones de protección». Además, señaló que los líderes de estas comunidades no reciben la misma protección ni atención que otros sectores de la sociedad.
El Acuerdo, firmado en 2018 y en vigor desde 2021, es el primer compromiso regional que busca fortalecer la protección del medio ambiente, brindando entornos seguros y priorizando la atención de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas en su implementación.
Sin embargo, es preocupante que solo 17 países hayan ratificado este acuerdo, mientras que naciones como Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú, que enfrentan altos niveles de conflicto, aún no se han unido a su ratificación. Esta situación limita el impacto y alcance del acuerdo, represando la potencialidad de generar cambios significativos en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en la región.
