de Ángela Lucía Sánchez Tristancho de tan solo 13 años. Recibió catorce puñaladas, la mayoría cerca del corazón, en el tórax y el cuello. El ataque ocurrió en la habitación de su propia casa. El agresor vive en frente de la casa de la familia de Ángela.
Una noche que marcó a Boyacá para siempre
El asesinato de Ángela Lucía Sánchez Tristancho, una niña de apenas 13 años, ocurrió en 2017 en el municipio de Nobsa, Boyacá, y dejó una herida que hasta hoy sigue abierta en la memoria colectiva de los boyacenses.
Aquella noche trágica, Ángela Lucía fue atacada con arma blanca dentro de su propia vivienda. Su agresor, quien vivía justo al frente de su residencia —según los hechos probados en ese momento— la hirió en catorce ocasiones en el cuello y el tórax, dejándola gravemente herida. Fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Duitama, pero debido a la gravedad de las heridas, murió poco después.
La escena fue dantesca. El país entero quedó conmovido al conocer los detalles. El hecho fue cubierto por los principales medios nacionales como Caracol Noticias, Los Informantes, El Tiempo, y RCN, y generó un profundo rechazo social. Hubo movilizaciones, velatones, y una ciudadanía exigiendo justicia por una niña que apenas comenzaba a vivir.
Lee la noticia original de 2020 en El Tiempo
La condena inicial que ya no existe: 33 años por homicidio agravado
Tras la investigación, Wilmar Fabián Macías Cubides, un joven sordomudo del mismo municipio, fue señalado como el principal sospechoso y condenado en primera instancia a 33 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
La decisión fue recibida con cierto alivio por la familia y por la comunidad. Sin embargo, desde el principio hubo versiones encontradas, vacíos en el proceso y reclamos de sectores que pedían mayor rigor en la investigación, incluyendo la posibilidad de que hubieran más involucrados.
Incluso en la sentencia inicial quedó consignado que se debía seguir investigando si hubo participación de otras personas. Nada de eso ocurrió. Pasaron ocho años y no hubo avances, ni nuevos capturados, ni respuestas.
El sustento legal: el delito por el que fue condenado
Según la legislación colombiana, el delito de homicidio agravado está contemplado en el Artículo 104 del Código Penal Colombiano:
ARTÍCULO 104. HOMICIDIO AGRAVADO.
La pena será de doscientos ochenta a quinientos meses de prisión cuando el homicidio se cometa, entre otras circunstancias:
- Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito;
- Sobre persona menor de dieciocho años;
- Con sevicia;
- O colocando a la víctima en situación de indefensión.
Ángela Lucía tenía 13 años. Fue atacada con sevicia. Murió en su casa. El caso, por donde se mire, cumplía con los criterios del artículo.
La revocatoria: ¿irregularidades o negligencia judicial?
El pasado 12 de julio de 2025, el caso volvió a sacudir a Boyacá: el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo revocó la condena contra Wilmar Macías y ordenó su libertad inmediata.
La decisión, que ha sido catalogada como un “mazazo a la justicia” por muchas voces, fue sustentada por la defensora pública Mercy Yolima Cepeda Espinel, quien argumentó que:
- No existen pruebas directas que vinculen a Macías con el crimen.
- La escena del crimen fue contaminada por familiares antes de que llegara la Policía Judicial.
- La inspección no siguió protocolos técnicos básicos como inspección lofoscópica, delimitación de rutas de acceso, ni manejo adecuado de cadena de custodia.
- Se recolectaron prendas de vestir en el domicilio del acusado sin orden válida ni presencia de defensa.
- No se garantizó la presencia de un intérprete oficial, violando sus derechos fundamentales como persona con discapacidad auditiva.
- La madre del acusado fue inducida a participar en la diligencia sin ser advertida de su derecho a guardar silencio.
Todo esto, según la defensa, constituyó violaciones graves al debido proceso y sirvió como argumento para desestimar las pruebas y dejar en libertad inmediata al único condenado.
Una madre que no olvida y un país que no entiende
Quien más ha sufrido esta nueva decisión es la madre de Ángela Lucía, Cecil Anyely, quien no dudó en expresar su indignación a través de redes sociales:
“Hoy es uno de esos días donde quedo con un gran sinsabor en el alma… a ocho años de su muerte, su asesino queda libre como si no hubiese pasado nada”, escribió.
Sus palabras reflejan el sentir de una familia rota, pero también el de una sociedad que se pregunta qué clase de justicia permite que un crimen tan atroz quede sin responsables.
¿Es más importante el rigor del proceso o la memoria de las víctimas? ¿Y qué garantías hay para una madre que, después de ocho años, sigue esperando una respuesta?
Unas leyes blandas que parecen olvidar lo imperdonable
Hoy, el crimen de Ángela Lucía sigue impune. No hay condenas firmes, ni avances y tampoco hay claridad. Solo hay rabia.
La comunidad boyacense, especialmente en Duitama y Nobsa, vuelve a alzar la voz. Porque no puede ser que el tiempo lo borre todo. No puede haber protocolos sin alma, ni garantías procesales que ignoren el dolor profundo que deja el asesinato de una niña.
Y porque, aunque la ley puede fallar, la memoria no prescribe.
El cierre que no permite olvido: ¿y si mañana pasa otra vez?
¿Cómo se explica que Wilmar Macías Cubides, el hombre que fue condenado por el asesinato de una niña de 13 años, hoy esté libre?
¿Qué 14 puñaladas cerca del corazón, cometidas al interior de la casa de la familia afectada, terminen en nada?
¿Quién entiende que a él sí se le consideren todas las garantías —su discapacidad auditiva, los errores procesales, la legalidad de la inspección— pero que a Ángela Lucía nunca se le hayan garantizado siquiera el derecho a vivir?
¿De qué sirve tanto proceso, tanta audiencia, tanto expediente, tanto desgaste emocional de una familia, si al final la justicia se diluye y la impunidad prevalece?
¿A quién protege más este sistema? ¿A las víctimas o a quienes logran burlar los fallos con tecnicismos?
Aquí queda una sociedad con miedo, una justicia sin respuestas y un mensaje perverso: que ni siquiera el peor de los crímenes garantiza castigo en Colombia.
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