Después de cuatro días de un paro nacional indefinido convocado por los arroceros colombianos, el Gobierno nacional y los representantes del sector se reunirán para iniciar una mesa de diálogo con el objetivo de buscar soluciones que permitan levantar los bloqueos que afectan a varias regiones del país. La protesta, motivada principalmente por el desplome del precio del arroz y el incumplimiento de acuerdos previos, ha generado bloqueos en al menos diez departamentos como Tolima, Huila, Casanare, Sucre, Arauca y Santander.
Los productores del arroz denuncian pérdidas millonarias que se estiman en cerca de 297.000 millones de pesos durante el primer semestre del año, proyecciones que para el segundo semestre podrían alcanzar los 772.000 millones debido a la caída del precio de la carga de arroz, que bajó de 235.000 a 170.000 pesos. Una de las causas profundas que señalan es el contrabando y la importación ilegal de arroz desde países vecinos, especialmente Ecuador, que incide en la caída del precio y afecta directamente los ingresos de los agricultores.
En este contexto, uno de los puntos clave que el gremio pide al Gobierno es el establecimiento de controles estrictos y sanciones frente al contrabando técnico y abierto, además de un precio justo que permita la sostenibilidad del sector. Otros temas de la agenda incluyen la revisión de las tasas y parafiscales que impactan a los productores, el pago de apoyos pactados y la revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que podrían estar afectando la producción nacional.
El Gobierno, por su parte, ha asegurado que se implementarán acciones inmediatas para intensificar la vigilancia y controles en fronteras y rutas estratégicas, articulando a las entidades como la DIAN y el ICA. Además, ha reconocido que si bien se están en proceso de pago de algunos subsidios acordados anteriormente, la demora ha generado incertidumbre entre los agricultores, lo que aviva aún más el malestar social.
Mientras se desarrollan estas negociaciones, los bloqueos de vías principales, como por ejemplo el corredor Bogotá-Ibagué, la vía al Llano y otras rutas en regiones clave, continúan afectando la movilidad y la economía regional. Los manifestantes han dispuesto corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias y personas con citas médicas, pero la tensión permanece alta y se prevé la continuidad de cierres parciales en estas vías.
Este panorama pone en evidencia la urgencia de un acuerdo efectivo entre el Ejecutivo y el sector arrocero, que garantice la viabilidad económica de los productores y al mismo tiempo permita la normalización del tránsito y la actividad económica en las zonas afectadas, evitando un conflicto que podría escalar y profundizar la crisis agropecuaria en Colombia.
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