El Ministerio de Trabajo lanzó una operación de inspección simultánea en 60 puntos de la cadena Olímpica. Las visitas incluyen supermercados, droguerías y proveedores. Ministro de Trabajo niega persecución política tras inspecciones a Olímpica y D1.
El motivo: múltiples quejas de trabajadores sobre jornadas irregulares, tercerización indebida y condiciones inseguras. Las denuncias llegaron a las direcciones territoriales del Ministerio y se analizan como parte de la reforma laboral que entró en vigor el 15 de julio.
D1 también está bajo observación. El Ministerio instaló una mesa de diálogo con la empresa para exigir un plan de mejora que garantice condiciones laborales dignas.
Sanguino aclara: “No hay persecución, actuamos por denuncias”
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, desmintió cualquier motivación política en las inspecciones. Negó que exista persecución contra la familia Char, propietaria de Olímpica, ni contra el Grupo Santo Domingo, dueño de D1.
“El Junior es el equipo del que soy hincha. No tengo ninguna motivación para perseguir a los Char”, dijo en Caracol Radio.
También aclaró que su presencia en una de las visitas fue para acompañar al equipo del Ministerio y enviar un mensaje institucional a los trabajadores.
¿Qué busca el Ministerio con estas inspecciones?
Sanguino explicó que el objetivo principal es constatar las denuncias y emitir un informe técnico. Si hay méritos, se abrirán investigaciones administrativas y se exigirá a las empresas un plan de mejora.
Se busca garantizar el cumplimiento de normas laborales, especialmente ahora que la jornada semanal se redujo de 48 a 44 horas. Las inspecciones también evalúan la infraestructura, condiciones psicosociales y riesgos para la salud de los empleados.
“El propósito no es sancionar por sancionar. Queremos proteger la salud, la seguridad y los derechos laborales de miles de trabajadores”, dijo el ministro.
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más vigilancia y exigencia de condiciones dignas
El Ministerio de Trabajo continuará con las inspecciones en otras regiones. Reiteran que no se trata de una acción política sino de una obligación legal para proteger a los trabajadores.
Sanguino advirtió que cualquier forma de violencia o coacción, venga del Gobierno o de la oposición, es inaceptable. El Estado debe garantizar tanto el derecho a trabajar dignamente como la estabilidad empresarial.
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