Valeria Afanador era una niña de 10 años con síndrome de Down, estudiante en el Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca. El 12 de agosto de 2025, desapareció dentro del colegio y fue vista por última vez hacia media mañana. Su cuerpo fue hallado sin vida el 29 de agosto, en el río Frío, ubicado en una zona boscosa cercana al plantel educativo.
El informe de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento, sin signos de violencia física. Se encontraron en su organismo agua y residuos de pantano, y los fenómenos cadavéricos coincidían con las fechas de su desaparición y hallazgo.
Pese a estas determinaciones, la familia mantiene dudas sobre cómo Valeria salió del colegio y las condiciones en las que ocurrió la tragedia. Esto ha generado investigaciones administrativas y penales.
La decisión que tomó la familia
El padre de Valeria, Manuel Afanador, reveló que sus otros hijos —trillizos que también cursaban estudios en el mismo colegio— están viviendo con miedo, ansiedad y pánico desde lo ocurrido. “Están viviendo con miedo, con susto, con pánico… miles de cosas”, aseguró.
Ante ese estado emocional, la familia tomó la radical decisión de retirar a los tres hermanos del Gimnasio Campestre Los Laureles. Según Manuel Afanador:
“Acababa de retirar a los trillizos también; allá estudiaban los cuatro y pues ya los niños tampoco van a seguir allí.”
Además, otros padres de familia del colegio habrían seguido un camino similar: trasladaron a sus hijos a otras instituciones educativas, preocupados por la seguridad y falta de garantías aparentes en el colegio.
Repercusiones e implicaciones
- Impacto en la matrícula: se ha reportado una disminución en la cantidad de estudiantes dentro del colegio tras la decisión de varias familias de retirar a sus hijos.
- Investigación administrativa: las autoridades, incluyendo la Gobernación de Cundinamarca, iniciaron un proceso para determinar si existió negligencia institucional en el cuidado y custodia de los menores. Se ha puesto en cuestión, además, si el colegio contaba con los certificados técnicos de bomberos y medidas de seguridad obligatorias.
- Búsqueda de justicia y verdad: la familia, representada por el abogado Julián Quintana, ha expresado que no se conforman con compensaciones económicas. Rechazan el ofrecimiento de una póliza millonaria que el colegio habría presentado como reparación, argumentando que “Valeria no se reemplaza con dinero”. Su demanda principal es que los responsables (directivos, rectora o profesores, si se prueba su implicación) respondan penalmente por lo sucedido.
- Tensión entre la institución y la familia: existe un choque de perspectivas entre el colegio, que ha expresado su voluntad de indemnizar, y la familia, que considera que este enfoque es insensible ante la pérdida irreparable.
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