El Gobierno nacional anunció el jueves 11 de septiembre que aceptó reducir en 10 billones de pesos la propuesta inicial del Presupuesto General de la Nación para 2026, en un intento por acercar posiciones con el Congreso y facilitar la aprobación del proyecto. La propuesta original, presentada por la ministra o el equipo económico del Ejecutivo, ascendía a 557 billones de pesos y quedaría, con la rebaja, en 547 billones.
Qué se decidió exactamente
- Monto inicial del presupuesto 2026 propuesto por el Gobierno: 557 billones de pesos.
- Reducción acordada por el Ejecutivo para facilitar la negociación: 10 billones de pesos, por lo que el monto pasaría a 547 billones.
- Ajuste paralelo en la reforma tributaria: el proyecto de financiación que acompañaba el presupuesto —originalmente por 26,3 billones de pesos— se vería reducido en la misma proporción, hasta aproximadamente 16,3 billones, si la rebaja se aprueba.
Por qué ocurrió: el choque con el Legislativo
La decisión del Ejecutivo responde a la renuencia y a la falta de apoyo suficiente en las comisiones económicas del Congreso para avalar las cifras iniciales. Durante la sesión de debate en el Legislativo se evidenció la dificultad del Gobierno para sumar votos a su propuesta —influida por la fragmentación de la coalición que acompaña al presidente— y por eso el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso el ajuste como gesto para destrabar el trámite.
La situación resulta sensible porque, en 2024, el Congreso negó por primera vez desde 1991 un presupuesto general y eso obligó al Ejecutivo a expedir el monto por decreto; ese antecedente pesa en las negociaciones y explica la cautela de ambas partes.
Plazos y procedimiento: ¿qué sigue?
La aprobación final del monto están en manos de las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. El Congreso tiene un plazo límite hasta el 15 de septiembre para tomar una decisión sobre el monto del presupuesto; de no llegar a acuerdo en esos días, se generan alternativas legales y políticas —entre ellas la posibilidad de que el Ejecutivo emita el presupuesto por decreto— con efectos sobre la gobernabilidad fiscal.
Impacto fiscal y en las cuentas públicas
El recorte de 10 billones es un gesto hacia el Congreso, pero no resuelve por sí solo el desafío fiscal que enfrenta Colombia. Las finanzas públicas han mostrado tensiones: el Gobierno había planteado una reforma tributaria para recaudar 26,3 billones y así financiar el presupuesto 2026; con la rebaja del gasto esa necesidad de financiación también baja, pero persisten interrogantes sobre el déficit objetivo y el cumplimiento de la regla fiscal. Informes previos han mostrado que, para cumplir metas fiscales más ambiciosas, el país necesitaría recortes mayores o ingresos adicionales.
Reacciones políticas y riesgos
- Gobierno: presentó la reducción como una disposición para negociar y encontrar consenso previo a la votación. El ministro de Hacienda expuso la propuesta durante el debate como un intento de facilitar la aprobación legislativa.
- Oposición y algunos congresistas: han cuestionado la forma y las condiciones del trámite; hay críticas sobre maniobras de control del debate y pedidos de claridad sobre priorizaciones del gasto. Algunos sectores advierten que recortes puntuales pueden afectar programas sociales o inversión.
- Mercados y agencias de calificación (riesgo): aunque el gesto negociador puede calmar tensiones políticas a corto plazo, la percepción sobre la sostenibilidad fiscal y la solidez de las reformas tributarias sigue siendo un factor que vigila el mercado y los analistas internacionales. Informes recientes explican que, para alcanzar metas fiscales más ambiciosas, hacen falta medidas adicionales o ajustes estructurales.
Sectores que podrían verse afectados
La reducción no especifica partidas concretas: en negociaciones de este tipo es habitual que el Ejecutivo y el Legislativo negocien redistribuciones entre gasto corriente, inversión pública y asignaciones para programas sociales. Dependiendo de las prioridades acordadas, pueden verse afectados desde inversión en infraestructura hasta programas sociales o rubros de funcionamiento del Estado. Las comisiones del Congreso serán el espacio donde se concreten esos cambios.
Posibles escenarios a mediano plazo
- Aprobación negociada: con la rebaja y el ajuste en la tributaria, el Congreso aprueba el presupuesto y la reforma en una versión recortada. Eso daría certidumbre fiscal temporal, aunque obligaría al Gobierno a replantear prioridades.
- Estancamiento y decreto: si no hay acuerdo antes del plazo, el Ejecutivo podría expedir el presupuesto por decreto, como ya ocurrió en 2024, lo que reavivaría tensiones políticas con la oposición y sectores del Congreso.
- Mayor negociación tributaria: la reducción del monto podría impulsar nuevas rondas de negociación sobre la reforma tributaria, con implicaciones sobre base gravable, exenciones y medidas para recaudo.
¿Qué significa para la ciudadanía?
Para el ciudadano común, el efecto inmediato puede no ser perceptible, pero las decisiones sobre presupuesto y reforma tributaria determinan recursos para educación, salud, transporte, inversión pública y programas sociales. Un acuerdo que estabilice las cuentas facilitaría la ejecución de proyectos; por el contrario, la incertidumbre presupuestal puede retrasar contratos e inversiones públicas.
0
