Pradera (Valle del Cauca), 13 de septiembre de 2025. — La noche del martes 9 de septiembre quedó marcada por otro acto de violencia que sacudió al suroccidente de Colombia: José Dorien (o José Dorian) Jiménez Salazar, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, fue atacado a tiros y murió tras el atentado ocurrido en el parque principal del municipio mientras veía, junto a otras personas, el partido de la selección Colombia. El ataque —cometido por al menos un agresor que huyó en motocicleta— ocurrió en un lugar público y a plena luz de decenas de ciudadanos, lo que profundiza la sensación de inseguridad en la región.
Los hechos conocidos
Según los reportes periodísticos y comunicados de las autoridades locales, el funcionario se encontraba en la plaza central observando el partido cuando fue abordado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. En el incidente también resultaron heridas otras personas que fueron trasladadas a centros asistenciales; Jiménez fue remitido a un hospital pero falleció por la gravedad de las lesiones. La Policía del Valle del Cauca activó operativos de búsqueda para dar con los responsables e iniciar la cadena de pruebas que permitan judicializarlos.
Reacciones institucionales y medidas
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y autoridades municipales han condenado el crimen y anunciaron medidas para reforzar la seguridad en los municipios del sur del departamento. En concreto, se informó de una recompensa ofrecida por datos que conduzcan a la captura del autor material del homicidio; además la Fiscalía y la Policía abrieron investigaciones para determinar móviles, posibles responsables y conexiones con otros hechos violentos en la región. Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos locales han exigido mayor presencia estatal y acciones que vayan más allá de comunicados de condena. El País+1
Contexto regional: reactivación de la violencia en el suroccidente
El homicidio de Jiménez se produce en un contexto de tensión creciente en el sur del Valle del Cauca y municipios vecinos, donde la presencia de estructuras armadas ilegales —entre ellas disidencias de las FARC y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y al microtráfico— ha generado un repunte de asesinatos selectivos, amenazas y desplazamientos. Organizaciones como Indepaz han venido registrando un número elevado de homicidios de líderes sociales y políticos en lo que va del año, una cifra que las fuentes locales citan como indicativa de una estrategia continuada de violencia contra la dirigencia social. Ese panorama ha encendido alertas por riesgos de “vacío de control” territorial en zonas rurales y periurbanas.
Posibles móviles y líneas de investigación
Las primeras hipótesis manejadas por investigadores y por actores locales apuntan a varios móviles posibles: retaliación por acciones administrativas o judiciales, disputas alrededor de tierras o extorsiones, y la vinculación con dinámicas delictivas locales (microtráfico y bandas locales). De acuerdo con reportes preliminares, Jiménez participó en iniciativas y operativos municipales contra el microtráfico y había tenido visibilidad en procesos de restitución de tierras y de defensa de la legalidad, lo que para algunos sectores podría haberlo convertido en blanco. Las autoridades han dicho que no descartan ninguna línea de investigación y han remitido los elementos balísticos y de inteligencia para determinar responsabilidades.
Impacto político y social
El homicidio de un funcionario público en un espacio público provoca efectos inmediatos: temor ciudadano, suspensión de actividades, y pedidos de medidas de seguridad excepcionales por parte de mandatarios locales. Líderes regionales han pedido al Gobierno nacional priorizar la atención en el sur del Valle, con refuerzos de Policía y estrategias interinstitucionales que incluyan presencia de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y programas de protección para líderes. Sectores sociales expresan que los actos de violencia no sólo afectan la gobernabilidad local sino que erosionan la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la vida y la libre participación política.
Antecedentes y cifras que preocupan
En lo que va del año, distintos observatorios y organizaciones que monitorean violencia política y homicidios de líderes han consignado cifras que muestran un agravamiento del problema en varias regiones del país, incluida la zona andina y pacífica del Valle del Cauca y el Cauca. Estos datos han motivado alertas tempranas de organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo sobre la vulnerabilidad de líderes sociales, firmantes de paz y autoridades locales. Analistas señalan que, además de la presencia de actores armados, factores estructurales como economías ilícitas, tensiones por la tierra y vacíos institucionales explican el patrón de violencia.
Qué está pidiendo la comunidad
Vecinos y líderes locales han exigido resultados rápidos en las investigaciones, mayor presencia policial y acciones concretas contra las bandas responsables del clima de inseguridad. También se ha solicitado el acompañamiento de entidades nacionales para garantizar la protección de funcionarios y de líderes sociales, junto con iniciativas de articulación para atacar las causas del fenómeno (control de economías ilegales, esclarecimiento de homicidios previos, y programas de prevención comunitaria). Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido instrucciones claras para la identificación y persecución de las estructuras criminales que actúan en la región.
Lo que sigue
La Fiscalía General, en coordinación con la Policía Nacional, continúa la recolección de evidencias, revisión de cámaras y testimonios, y la búsqueda de testigos que permitan identificar al agresor y a eventuales determinadores del crimen. En paralelo, la Gobernación del Valle ha adelantado gestiones para reforzar la seguridad municipal y anunció que dará seguimiento a la reparación integral a la familia de la víctima, según protocolos vigentes. La situación en el sur del Valle del Cauca seguirá siendo un punto de vigilancia para autoridades y organizaciones nacionales por el riesgo de escalamiento de la violencia.
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