El 16 de septiembre de 2025, las víctimas de secuestros perpetrados por las FARC expresaron su decepción ante las primeras condenas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los fallos condenaron a siete miembros del último secretariado de ese grupo guerrillero, incluyendo a Rodrigo “Timochenko”, Pastor Alape y Jaime Alberto Parra, entre otros.
La JEP les impuso penas alternativas de ocho años bajo la figura de “restricción efectiva de derechos”, lo que significa que no cumplirán prisión efectiva. Para las víctimas civiles y exmilitares que pasaron años en cautiverio, el fallo representa una burla frente a su expectativa de justicia, reparación y verdad.
Testimonios como los de Luis Mendieta, secuestrado por casi 12 años tras la toma de Mitú por las FARC en 1998, y de Clara Rojas, quien también fue víctima durante el secuestro de Ingrid Betancourt, reflejan que la sentencia no atiende el daño causado, aunque los condenados hayan sido declarados penalmente responsables de delitos como toma de rehenes, homicidio, desapariciones forzadas y crímenes de guerra.
Las víctimas reclaman que no hubo reparación real, ni entrega de bienes ni medidas substanciales que alivien su sufrimiento. Denuncian que el fallo carece de medidas que restituyan la dignidad, la verdad completa y la justicia que esperaban.
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