La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete exlíderes de las FARC por su implicación en una política sistemática de secuestros que afectó a unas 21.000 personas durante el conflicto interno colombiano. El tribunal determinó que estos secuestros servían tanto para financiar operaciones del grupo, como para facilitar intercambios de prisioneros, y reconoció prácticas crueles como el uso de encierros, restricción de libertades y condiciones de cautiverio degradantes.
En lugar de imponer penas de cárcel, la JEP ordenó que los condenados cumplieran medidas reparativas durante ocho años, incluyendo tareas como desminado en zonas rurales, búsqueda de personas desaparecidas y actos simbólicos de reconciliación. La decisión ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores de las víctimas, que consideran que la sanción no otorga justicia plena, especialmente por la aparente falta de compensaciones económicas y patrimoniales.
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