El 20 de septiembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una investigación disciplinaria en la Unidad para las Víctimas luego de que medios de prensa denunciaron posibles irregularidades en la contratación, el uso de recursos y el nombramiento de personal dentro de la entidad que atiende a las víctimas del conflicto armado.
Hechos clave
- Denuncias periodísticas
La revista Semana reveló que entre julio y agosto se hicieron 530 contrataciones dentro de la Unidad para las Víctimas por más de 19.000 millones de pesos. De esas, 404 contratos se tramitaron directamente a través de la Unidad (unos 14.287 millones), y los otros 126 mediante el Fondo para la Reparación de Víctimas por cerca de 4.921 millones. - Presunto uso político
Se afirma que la entidad habría sido convertida en un “fortín político” del senador Gustavo Moreno, aliado del Gobierno Nacional. De acuerdo con la denuncia, algunos de los contratos y nombramientos tendrían relación con influencias políticas, con el fin de “cumplir deudas electorales” y fortalecer la base política de cara a las elecciones legislativas de 2026. - Presión interna y clientelismo
Las denuncias señalan que funcionarios que se oponen a estos manejos habrían soportado atropellos. También hay cuestionamientos sobre nombramientos de personas con poca experiencia e incluso señalamientos de vínculos dudosos de algunos cargos con organizaciones ilegales como el ELN. - Presupuesto bajo duda
La entidad administra un presupuesto anual estimado en $4,5 billones de pesos, asignado para la atención de las víctimas del conflicto armado. Este monto está siendo objeto de escrutinio debido a los señalamientos de uso indebido o desvío parcial hacia funciones distintas a las establecidas legalmente. - Actuación de la Procuraduría
El procurador general, Gregorio Eljach, ordenó a la Sala de Instrucción del Ministerio Público adelantar la investigación disciplinaria para evaluar los hechos, determinar responsabilidades y si corresponde, imponer sanciones disciplinarias o penales. Aunque el auto oficial estaba programado para hacerse público el lunes 22 de septiembre, las actuaciones ya empezaron por la gravedad de los señalamientos. - Respuesta de la Unidad para las Víctimas
En un comunicado público, la entidad sostuvo que sus actuaciones están enmarcadas dentro del marco legal vigente, aunque evitó referirse específicamente a cada acusación formulada por Semana.
Contexto
- La Unidad para las Víctimas es la entidad encargada del registro, atención, asistencia, reparación, retorno y reubicación de las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Tiene a su cargo un enorme volumen de víctimas reconocidas y expectativas de cumplimiento de derechos fundamentales.
- El caso sucede en medio de una creciente preocupación ciudadana e institucional sobre cómo se han manejado los recursos en entidades estatales, la transparencia, y la relación entre los apoyos políticos y el uso del aparato estatal.
- También se suma al clima de tensión política ante las elecciones de 2026, donde varios actores estarían buscando consolidar bases políticas, lo que convierte estas denuncias en objeto de alto interés público y político.
- En años anteriores ya se habían reportado quejas, irregularidades y alertas en la Unidad, por ejemplo, con los bienes inmuebles del Fondo para la Reparación, arrendamientos con cánones bajos, moras, ocupaciones irregulares, etc.
Implicaciones
- Si se comprueba que hubo desviación o mal uso de los recursos públicos, las sanciones podrían ir desde remociones de cargos hasta inhabilitaciones, sanciones disciplinarias o incluso procesos penales.
- Hay riesgo de que la credibilidad de la entidad y del Estado se vea afectada, especialmente frente a las víctimas que históricamente han confiado en que la Unidad cumpla con su misión.
- Las denuncias también podrían generar impactos en la asignación presupuestal futura, en la supervisión externa (Contraloría, Procuraduría, organismos de control) y en posibles reformas a la entidad para fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Estado actual
- La investigación está en curso, la Procuraduría adelanta la investigación disciplinaria bajo orden del procurador general.
- No hay hasta ahora conclusiones finales ni sanciones confirmadas públicamente.
- Se espera que con transparencia se revelen los autos, documentos y actuaciones que sustenten cada denuncia.
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