El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, aceptó recortar 10 billones de pesos del proyecto de presupuesto de gastos propuesto para 2026, a raíz de la falta de consenso en el Congreso para aprobar la cifra original de 557 billones de pesos.
La decisión fue comunicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante un debate en comisiones económicas del Congreso, donde expresó que el ajuste serviría como una concesión para acercar posiciones con los legisladores que se mostraban reticentes al monto inicial. De acuerdo con esa versión, el nuevo monto propuesto sería de 547 billones de pesos, disminuyendo así la carga financiera planteada originalmente.
Antecedentes y contexto
- Desde julio de 2025, el Gobierno había presentado ante el Congreso una propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por 556,9 billones de pesos.
- Parte de ese monto (unos 26,3 billones) dependía explícitamente de la aprobación de una reforma tributaria presentada por el Ejecutivo para financiar los compromisos de gasto propuestos.
- No obstante, el Congreso no convocó las comisiones económicas en los momentos decisivos y se bloqueó la votación del monto definitivo por falta de quórum.
- En la jornada señalada para la votación clave (11 de septiembre), las sesiones conjuntas fueron suspendidas por deficiencia de asistencia parlamentaria, lo que alimentó el temor de que el presupuesto fuera adoptado por decreto presidencial.
- Este no es un escenario completamente nuevo: en años recientes ya se han registrado bloqueos en la aprobación del presupuesto y se ha recurrido al mecanismo de decreto como salida cuando el Congreso no decide.
Implicaciones del recorte y riesgos institucionales
El recorte de 10 billones no solo busca facilitar la aprobación legislativa, sino también reducir la tensión política alrededor del proyecto. Sin embargo, varios analistas y liderazgos de oposición advierten que esta dinámica puede implicar riesgos para la institucionalidad fiscal:
- Erosión del control parlamentario
Cuando el Congreso no define el monto del presupuesto y el Ejecutivo expide por decreto, se debilita el rol de control político y la deliberación legislativa sobre prioridades del gasto público. - Incertidumbre en la reforma tributaria
La necesidad de recaudar 26,3 billones de pesos para financiar la propuesta inicial generó controversia. Con el recorte, esa cifra pasaría a 16,3 billones de pesos, lo cual podría implicar pérdidas de recursos o ajustes en los programas de gasto proyectado. - Presión fiscal y credibilidad
El movimiento del Gobierno podría ser interpretado como una cesión, pero también genera dudas sobre la sostenibilidad del ajuste fiscal. Sectores empresariales como la ANDI han advertido que un presupuesto aprobado por decreto podría considerarse una “dictadura fiscal” y debilitar la confianza del mercado. - Calendario ajustado y plazos legales
El Congreso tiene plazos legales para aprobar el presupuesto: si no se adopta antes de octubre (para debates y plenarias) o diciembre (fecha límite constitucional), se aplican reglas supletorias que podrían imponer el presupuesto del año anterior. - Tensiones políticas y desintegración de apoyos
La falta de consenso legislativo es un reflejo de la fragmentación de la coalición de gobierno. El Ejecutivo ha perdido fuerza para imponer su agenda económica, lo que genera negociaciones más exigentes con partidos de oposición.
Escenarios posibles
- Que el Congreso apruebe el presupuesto con el monto reducido de 547 billones y una versión ajustada de la reforma tributaria (16,3 billones).
- Que no haya consenso y el Gobierno decreta el presupuesto, lo que podría abrir controversias constitucionales o impugnaciones ante la Corte.
- Que se adopte una propuesta alternativa desde el Congreso que imponga más recortes o reordenamientos del gasto.
Conclusión
El ajuste de 10 billones en el presupuesto de gastos para 2026 es una señal clara de que el Gobierno está tratando de abrir espacio para la aprobación legislativa frente a un Congreso reacio a avalar las cifras más ambiciosas. Pero el camino político, jurídico y fiscal sigue siendo complejo: el uso del decreto pone en tensión la institucionalidad del país, y el recorte pone en riesgo la viabilidad de ciertos proyectos del Gobierno si los recursos no alcanzan las metas establecidas.
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