Una juez de Bogotá dictó medida de aseguramiento intramural contra un hombre, de 66 años, acusado de sustraer mascotas —incluyendo perritas— para abusar sexualmente de ellas en la localidad de Ciudad Bolívar. Se trata del primer caso en que la recién aprobada Ley Ángel ha sido aplicada para imponer prisión preventiva en Colombia, según informan medios locales.
Antecedentes legislativos: de la Ley 1774 a la Ley Ángel
Antes de 2025, los casos de maltrato animal en Colombia se regían principalmente por la Ley 1774 de 2016, que establecía sanciones para quienes cometieran actos de crueldad, negligencia, abandono, maltrato físico, lesiones o muerte de animales domésticos o domesticados.
Sin embargo, organizaciones animalistas y legisladores advirtieron que esa normativa resultaba insuficiente, pues muchas penas resultaban excarcelables o no contemplaban agravantes como abuso sexual contra animales.
Por eso, en 2025 se sancionó la Ley 2455 de 2025, conocida popularmente como la “Ley Ángel”. Esta nueva normativa endurece las sanciones para conductas de maltrato animal, introduce agravantes como abuso sexual y contempla mecanismos más rigurosos de protección y reparación.
Algunas de las novedades de la Ley Ángel:
- Penas más elevadas para daños, lesiones o muerte de un animal.
- Prohibición de que personas condenadas posean animales durante un periodo.
- Creación de “Ruta de Atención del Maltrato Animal” para asegurar que denuncias sean investigadas con diligencia.
- Facultades a la Fiscalía para emplear dictámenes veterinarios y la Policía para entrar a viviendas si se evidencia riesgo real para el animal.
El nombre “Ley Ángel” proviene del caso de un perro llamado Ángel, víctima de maltrato extremo en Saboyá (Boyacá), cuya historia movilizó la opinión pública y alimentó la demanda de una norma más contundente para proteger a los animales.
El caso de Ciudad Bolívar: hechos y valor simbólico
Según los informes, vecinos denunciaron que el hombre capturaba mascotas, entre ellas una perrita llamada “Keyla” (o “Keila”, según algunas publicaciones), y que en su residencia fueron hallados animales con signos de abuso.
Las pruebas presentadas ante la juez incluyeron imágenes y denuncias ciudadanas que mostraban al acusado persiguiendo y sustraendo animales.
La defensa había intentado lograr que el imputado quedara libre temporalmente, pero la fuerza de la evidencia y las disposiciones de la Ley Ángel llevaron a que la juez impusiera la medida intramural (es decir, en establecimiento carcelario).
Desde el punto de vista simbólico, este fallo marca un hito: por primera vez en Colombia, un juez emplea la norma para enviar a prisión a un presunto abusador sexual de animales.
La senadora Andrea Padilla, promotora de la ley, celebró la decisión en redes sociales, calificándola como histórica y señalando que es un paso necesario para que el maltrato animal deje de ser impune.
Retos y seguimiento del proceso judicial
Aunque esta decisión representa un avance judicial, aún no hay condena definitiva. El proceso continúa con fase de investigación, y el acusado tendrá derecho a presentar pruebas y argumentos durante el juicio. El Tiempo+1
Algunos retos que destacan en este tipo de casos:
- La calidad y consistencia de las pruebas veterinarias y peritajes forenses.
- Garantizar que el caso no quede en una medida simbólica, sino que culmine con una sentencia efectiva.
- La capacidad institucional (Fiscalía, Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, Policía) para aplicar con agilidad las rutas de atención establecidas por la Ley Ángel.
- La resistencia social y cultural al reconocimiento de que los animales tengan derechos jurídicos efectivos.
Para los movimientos animalistas, el riesgo es que el fallo quede aislado si no se convierte en precedente frecuente. Pero también hay optimismo: muchos activistas lo ven como el primer peldaño para una justicia más consecuente.
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