Aranzazú, Caldas – En uno de los hechos más dolorosos que conmocionan al departamento, la representante de víctimas solicitó al juez de control de garantías imponer una pena de 50 años de prisión contra el hombre que asesinó a su expareja delante de sus hijos en el municipio de Aranzazú. El caso ha suscitado indignación social, movilizaciones y un debate sobre la violencia de género en el Eje Cafetero.
Contexto del crimen
El trágico suceso ocurrió el domingo 13 de julio en la zona urbana de Aranzazú. Según reportes periodísticos, la víctima fue identificada como Cindy Janine Cardona Marín, quien estaba acompañada de sus hijos, una menor de 15 años y un niño de 4 años.
Ese día, Cindy había llevado a sus hijos a una peluquería para que les cortaran el cabello. Mientras estaban allí, llegó su expareja —un hombre identificado como Fabián García— y, según versiones de testigos, ingresó con un arma y atacó a la mujer con cortes profundos en el cuello, torso y brazos.
Durante el ataque, el menor resultó herido en uno de sus brazos, y la hija más grande intentó defender a su madre, recibiendo también heridas. Testigos presentes en la peluquería y el barbero que estaba atendiendo el lugar presenciaron parte del ataque.
Tras cometer el crimen, el presunto agresor huyó. Sin embargo, tras un operativo policial, fue capturado en la vía entre Aranzazú y Neira, portando la ropa con las manchas de sangre y el arma utilizada.
Este fue reportado como el primer feminicidio del año en Caldas.
Proceso judicial y petición de 50 años
El caso llegó al sistema judicial con gran presión social y mediática. La representante de víctimas, Jeniffer Cotacio Monsalve, solicitó al juez de control de garantías la imposición de una pena máxima de 50 años de cárcel para el agresor, argumentando agravantes que incluyen la ejecución del crimen delante de los hijos, el contexto de violencia de género y la atrocidad del hecho.
Según la noticia, la petición de 50 años coincide con los límites máximos que contempla la normativa penal para feminicidio agravado en Colombia.
Por su parte, el agresor aceptó cargos por feminicidio agravado en la audiencia preliminar, lo que agiliza el proceso judicial hacia una posible condena.
En paralelo, la defensa de las víctimas ha solicitado el traslado del confeso feminicida a una cárcel de máxima seguridad, dada la peligrosidad atribuida al caso y el riesgo para la población penitenciaria.
Reacciones, comunidad y movilización
La sociedad local no ha permanecido en silencio. Se organizó una velatón en Aranzazú, en memoria de Cindy y como manifestación de rechazo a la violencia contra las mujeres.
El alcalde de Aranzazú rechazó categóricamente el hecho y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima, calificando el crimen como un acto “grave, injustificable e intolerable”.
Organismos de derechos humanos y colectivos de mujeres han hecho también un llamado a que este tipo de casos no queden impunes, que se garanticen las rutas de atención a las víctimas y que el sistema judicial actúe con perspectiva de género.
Marco legal: feminicidio y agravantes en Colombia
El delito de feminicidio en Colombia está tipificado en la Ley 1761 de 2015 (conocida como “Ley Rosa Elvira Cely”). Esta normativa reconoce al feminicidio como una forma extrema de violencia por razón de género, estableciendo sanciones más severas que el homicidio ordinario cuando se prueba que la muerte de la mujer ocurrió por su condición de género o en contextos de desigualdad u opresión.
Cuando se configuran agravantes —como que el crimen ocurra delante de hijos menores, con crueldad extrema, abuso de condiciones de indefensión o uso de arma blanca— la pena puede elevarse hasta los extremos superiores fijados por la ley.
En ese sentido, la petición de 50 años de prisión no es casual sino que busca que el caso reciba el tratamiento más estricto conforme al delito agravado.
Dilemas, limitaciones y desafíos
Aunque los medios han difundido ampliamente este caso, hay algunas lagunas de información que dificultan un relato completo:
- No se publicó con certeza el lugar exacto del juicio (juzgado, sala, ciudad) ni la fecha precisa de la audiencia de sentencia.
- No hay declaraciones oficiales detalladas de la Fiscalía o la defensa más allá de lo informado en los medios locales.
- La situación de los hijos sobrevivientes y la atención que están recibiendo —psicológica, legal, médica— no ha sido ampliamente documentada.
- Se desconocen las posibles estrategias de apelación o acuerdos que podrían modificarse en el proceso.
No obstante, el caso representa una instancia simbólica en la lucha contra la violencia de género: la petición de la pena máxima busca señalar que matar a una mujer delante de sus hijos no es solo un crimen personal, sino un mensaje estructural de dominación. En regiones del país donde la cultura patriarcal sigue con fuerza, casos como estos tensan la legitimidad del Estado y exigen respuestas contundentes.
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