¿Más impuestos en año electoral? Gobierno presenta reforma para sostener el presupuesto El informante


El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda, ha marcado como pieza clave la presentación de una Ley de Financiamiento / reforma tributaria cuyo propósito principal es garantizar la viabilidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026.

¿Por qué surge la necesidad de subir tributos?

  1. Desfinanciamiento presupuestal previo
    En el proyecto de presupuesto radicado, se incluyeron recursos “contingentes” por valor de 26,3 billones de pesos, equivalentes al 1,4 % del PIB, cuya ejecución dependería justamente de la aprobación de esa reforma tributaria.
    Varios analistas consideran que esa dependencia revela que el proyecto está “desfinanciado” si no se consiguen fuentes nuevas de ingreso.
  2. Crecimiento del gasto en funcionamiento y deuda
    Los rubros de funcionamiento del Estado, es decir, los costos fijos para mantener maquinaria estatal, han venido incrementándose a ritmos superiores al crecimiento de la economía, lo que presiona los recursos disponibles para inversión social y obras públicas.
    Además, los pagos por servicio de deuda han sido un factor que absorbe una parte significativa de los recursos fiscales, reduciendo el margen para nuevos proyectos.
  3. Recaudo tributario débil y retos fiscales
    Las autoridades han resaltado que los ingresos tributarios han sido más bajos de lo esperado, en parte por una economía con crecimiento moderado.
    Colombia ya ha suspendido temporalmente la regla fiscal vigente para permitir mayor déficit (7,1 % del PIB para 2025) y se planea una meta de déficit del 6,2 % para 2026, lo que amplía la presión de lograr fondos frescos.

Principales propuestas de la reforma tributaria

Al presentar oficialmente el proyecto ante la Secretaría General de la Cámara, el Gobierno detalló algunas medidas que podrían conformar la reforma:

  • Aumentar el IVA al 19 % para bebidas alcohólicas, juegos de suerte y azar, servicios de streaming y apuestas.
  • Extender el IVA del 5 % al 19 % para vehículos híbridos.
  • Aumentos graduales del impuesto a la gasolina y ACPM: 10 % en 2026 y 19 % en 2027.
  • Gravámenes al carbón carburante con tarifa del 19 % desde julio de 2026.
  • Reformas al impuesto de renta y patrimonio sobre personas con mayores ingresos.
  • Ajustes en normas de la DIAN para combatir elusión y ampliar la base tributaria sin tocar los productos de la canasta familiar.

El Gobierno sostiene que la propuesta es progresiva, apuntando a que el mayor peso recaiga sobre quienes tienen mayores ingresos, buscando no afectar en “lo inmediato” a la clase media y sectores populares.

Obstáculos y resistencias políticas

  • División en el Congreso: varias voces han manifestado rechazo. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Efraín Cepeda (Centro Democrático) ha advertido que no permitirá nuevos impuestos a personas naturales ya gravadas.
  • Precedentes traumáticos: la reforma tributaria de 2021 generó protestas masivas (el “estallido social”), por lo que el Gobierno busca evitar impactos regresivos visibles.
  • Revisión del monto del presupuesto: las Comisiones Económicas del Congreso aprobaron una reducción de 10 billones de pesos al monto original del presupuesto propuesto, llevándolo a 546,9 billones.
  • Demandas del sector privado: AmCham Colombia ha pedido que el presupuesto para 2026 se formule con base en “ingresos reales” y que más que crear nuevos impuestos, el Gobierno aplique austeridad y mejor gobernanza en el gasto público.

Estado actual y perspectivas

  • El presupuesto para 2026 fue radicado con un monto de 556,9 billones de pesos, 6 % más que el de 2025.
  • Las Comisiones Económicas ya otorgaron primer paso favorable, con esa reducción de 10 billones mencionada.
  • Aun así, quedan dependientes los 16,3 billones de pesos que provendrían de la aprobación total de la ley de financiamiento/reforma tributaria propuesta.
  • En caso de que la reforma no prospere en las plenarias, el Ejecutivo ha planteado que podría recurrir a la emisión del presupuesto por decreto, lo que implica riesgos institucionales.

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