Bogotá, 28 de septiembre de 2025 (EFE). — En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro —que se conmemora cada 28 de septiembre en más de 50 países—, más de cincuenta mujeres se movilizaron este domingo por las calles de Bogotá para exigir que el derecho al aborto, legalizado en Colombia, se garantice de forma plena, sin barreras ni discriminaciones.
La movilización: recorrido, mensaje y participantes
La marcha partió aproximadamente a las 10:00 a.m. desde la Embajada de Palestina, en el norte de la ciudad, y llegó hasta la sede del Ministerio de Salud. En el trayecto, las manifestantes portaron pañuelos verdes, pancartas con frases como “Aborto libre, seguro y acompañamiento” y exigieron que los hospitales públicos y privados cumplan los protocolos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Aunque algunos medios informan “más de medio centenar”, es probable que la cifra refleje una participación limitada en Bogotá, aunque con eco simbólico. Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que acompaña casos de acceso al aborto, se ha señalado que entre febrero de 2022 y febrero de 2025 la organización ha asistido 1.569 casos en todo el país que enfrentaron barreras para acceder al aborto, de los cuales 420 ocurrieron en Bogotá.
Una de las voces más citadas durante la movilización fue la de la ginecóloga Laura Gil, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, quien dijo que “la principal traba es que muchos profesionales de la salud no saben diferenciar su posición personal, absolutamente válida, de su deber ético y profesional de cuidar la vida y la salud de las mujeres”. Gil también enfatizó que la despenalización del aborto constituye “el mecanismo para garantizar ese derecho a la salud, a la vida y a la dignidad”.
Marco legal: lo que dice la Corte y los retos de implementación
Desde el 21 de febrero de 2022, mediante la sentencia C055 de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esa sentencia modificó parcialmente el artículo 122 del Código Penal al declarar que la interrupción voluntaria del embarazo ya no es delito cuando se realice dentro del límite temporal señalado, y mantuvo la aplicación de las tres causales reconocidas desde la sentencia C355 de 2006 (riesgo para la vida o salud de la madre, violación/incesto, malformación del feto).
No obstante, ese marco legal no ha sido suficiente para garantizar el acceso real al servicio. Las trabas que persisten incluyen:
- Objeción de conciencia institucional o individual: médicos o centros de salud que se niegan a realizar IVE alegando creencias personales, sin que existan mecanismos claros que obliguen a derivar al paciente a otro personal o centro.
- Desinformación o desconocimiento del fallo y protocolos: tanto profesionales de salud como usuarios muchas veces no están conscientes de las reglas y plazos legales para abortar.
- Retrasos y barreras administrativas: trámites innecesarios, exigencia de documentación adicional o consultas múltiples que demoran la prestación del servicio.
- Falta de recursos o equipos en centros de salud, especialmente en municipios o zonas rurales, que impiden cumplir con las obligaciones del sistema de salud.
- Desigualdad en el acceso para comunidades vulnerables: mujeres indígenas, rurales, migrantes o en situaciones de pobreza enfrentan una doble barrera (geográfica, cultural, institucional) para acceder al servicio.
Un punto de controversia reciente es el fallo de tutela T158 de 2023, llevado ante la Sala Cuarta de Revisión de la Corte. En ese fallo, se cuestionaron algunas aplicaciones del derecho al aborto en comunidades indígenas y se discutió si el acceso absoluto debía prevalecer en todos los contextos. Sin embargo, los especialistas insisten en que esa tutela no revoca ni deroga la sentencia C055 de 2022; simplemente resuelve un caso concreto. De hecho, la Corte ha reiterado que la sentencia C055 sigue vigente y constituye precedente obligatorio de cumplimiento (erga omnes).
Significado social y política de la marcha
La movilización de hoy busca visibilizar que, más allá de la norma legal, la garantía del derecho depende de voluntad política, recursos y supervisión efectiva. Las manifestantes reclamaron no solo por el derecho al aborto, sino por su acceso integral: libre de estigmas, con acompañamiento, interseccionalidad y equidad territorial.
También se enfatizó la necesidad de eliminar el “aborto clandestino” o las prácticas inseguras que subsisten cuando los servicios legales no están disponibles o no son accesibles para muchas mujeres. En este sentido, la marcha es parte de una tradición que, en Colombia y América Latina, asume el 28 de septiembre como día de acción global, recordando que la lucha por los derechos reproductivos sigue pendiente.
La movilización se suma a otras que se realizan simultáneamente en diferentes ciudades del país, como parte de un esfuerzo nacional por presionar al Estado para que cumpla sus obligaciones en salud reproductiva.
Desafíos inmediatos y exigencias al Estado
Entre las demandas planteadas por las organizaciones feministas y activistas durante la marcha se encuentran:
- Protocolos claros y capacitación continua para el personal de salud que garantice la práctica de IVE sin discriminaciones.
- Supervisión y sanciones a entidades que incumplan la obligación de prestar el servicio legal.
- Cobertura territorial plena, asegurando que los municipios (especialmente rurales) cuenten con prestadores capaces de realizar interrupciones de embarazo.
- Eliminación de trabas burocráticas y documentación excesiva que obstaculizan el acceso oportuno.
- Protección para mujeres migrantes, indígenas y otras poblaciones vulnerables, sin discriminación por nacionalidad, raza, género o ubicación.
- Campañas educativas y sociales para reducir el estigma alrededor del aborto y fortalecer la información sobre derechos sexuales y reproductivos.
La marcha de hoy también busca recordar lo que no se ha cumplido y presionar para que el Estado garantice no solo el derecho formal, sino su ejercicio pleno y seguro.
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