La espera prolongada de los pueblos indígenas y las sociedades anormales de los tuqueros, quienes han anhelado durante tanto tiempo contar con una infraestructura de salud adecuada, ha alcanzado un final doloroso e insatisfactorio. Después de casi una década de promesas que nunca se materializaron y obras que han permanecido sin procesar en las localidades de Ipaine y Yascual, el gobierno local finalmente anunció el inicio de los IP indígenas Julián Carlosama. Sin embargo, esta decisión, formalizada en la ley del 22 de abril de 2025, ha sembrado incertidumbres respecto al acceso a la salud y las expectativas de los fondos invertidos desde el 2015, según las declaraciones del ministro Alex Lima.
Lima enfatizó que la construcción de la nueva sede de IPS Julián Carlosama, así como la implementación de las mejoras en el área de salud, se concibieron con la esperanza de generar un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades de Túquerres. Sin embargo, un año después del lanzamiento de esta iniciativa, el proyecto se ha visto envuelto en una serie de problemas significativos que han impedido su avance y culminación. Esto ha llevado a que los beneficios esperados se conviertan en un sueño lejano para los habitantes de la zona.
El ministro también mencionó que las autorizaciones emitidas por el gobierno local han indicado que, luego de completar todos los trámites legales requeridos para continuar el contrato con las empresas constructoras, no habrá más opciones disponibles. Por lo tanto, se verá forzado a iniciar un proceso de terminación unilateral del contrato, así como a enfrentar los costos asociados. Esta situación ha creado un ambiente de desesperanza e incertidumbre en la comunidad, donde la frustración por la falta de progreso en temas tan cruciales como la salud se vuelve palpable.
Según las fuentes, el proceso de separación y análisis se llevará a cabo en varias etapas. Primero, se realizarán evaluaciones detalladas por parte de expertos en cada una de las áreas afectadas. Posteriormente, las partes interesadas y miembros de la comunidad serán convocados para participar en la deliberación sobre una tarifa de acuerdo mutuo que pueda responder a las expectativas y necesidades de todos los involucrados.
Una vez que se concluya todo el proceso de intercambio, la Agencia Administrativa tiene como objetivo notificar a los reguladores pertinentes, incluyendo a la regalía general (SGR), que ha sido el principal financiador del proyecto, para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la obra y las razones detrás de su fracaso.
Las inquietudes sobre quién asumirá la responsabilidad del fracaso de esta iniciativa y qué sucederá con los edificios que han quedado en estado de abandono se escuchan con fuerza entre la comunidad. ¿Quién responderá por los fondos públicos que se han invertido durante todos estos años sin que se haya logrado un resultado tangible? Estas interrogantes sobre la utilidad de las estructuras semiestructuradas, que en su momento representaron una esperanza, ahora se han convertido en símbolos de promesas fallidas. Sin embargo, estas cuestiones continúan sin respuestas claras, dejando a los residentes de Túquerres en un estado de ansiedad y expectativa por el futuro.
13
