En el contexto político actual que envuelve la inauguración de las nuevas piscinas olímpicas en la intersección de 42. Street con Fifth Carrera en Ibagué, el gobernador del banco central de Tolima, Alexander Castro, ha señalado que este proyecto podría interpretarse como un gesto de conciliación entre los principales sectores políticos de la región. Este desarrollo no solo es significativo por su impacto en la infraestructura deportiva, sino también por la simbología que conlleva en medio de un panorama político agitado.
Durante sus declaraciones, Castro enfatizó la importancia de que los miembros de diferentes partidos colaboren para el avance de la ciudad y sus proyectos. «Hemos enviado un mensaje claro sobre la unidad y la fraternidad. La Tierra y Ibagué deben primar por encima de intereses particulares», aseveró. Este tipo de afirmaciones sugiere un intento por parte de Castro de fomentar un ambiente de cooperación entre las diversas fuerzas políticas que operan en Tolima.
La ceremonia de este evento deportivo fue presidida por la alcaldesa Johana Aranda, quien es aliada del ex presidente de U -Tolima, Andrés Fabián Hurtado. Castro también hizo mención del respaldo de la gobernadora Adriana Magali Matiz y del senador Oscar Barreto, resaltando así la importancia del apoyo multilateral en este tipo de iniciativas. Estos vínculos son cruciales para la implementación exitosa de proyectos de gran envergadura como este.
Por otro lado, Castro definió la entrega de estas piscinas como “el mejor alivio” para contrarrestar los efectos negativos de las controversias surgidas durante los Juegos Nacionales de 2015. El proyecto, que comenzó en 2022 y cuya finalización está programada para 2025, ha sido objeto de críticas debido a su impacto en el presupuesto y la forma en que se han manejado los fondos. Sin embargo, Castro defendió la transparencia y eficacia de este proceso, argumentando que los beneficios son significativos para la comunidad.
En este contexto, el Ministro de Cultura de Tolima también fue entrevistado para aclarar cuestiones relacionadas con la contratación de 369 personas por un monto aproximado de $1.7 mil millones, en el marco del gobierno del partido en los municipios de Tolimenses. Los medios digitales han denunciado la supuesta relación personal de Castro con algunos de los involucrados en estas contrataciones, lo que añade una capa de controversia al asunto.
Castro, no obstante, rechazó cualquier acusación de favoritismo, aunque admitió las conexiones que ha cultivado con los gerentes en torno a la fundación a lo largo de los años. “En esta ciudad y en el departamento, en las industrias del transporte y la cultura, todos nos conocemos casi a la perfección”, justificó. Además, defendió la legitimidad del proceso de contratación y advirtió que tomará acciones legales contra lo que describió como una campaña de desprestigio.
Finalmente, el Secretario General condenó lo que considera una campaña sistemática en su contra, vinculada a la desigualdad que enfrenta su administración y la tendencia política que representa. Anunció su intención de solicitar una reunión con la oficina del fiscal para abordar esta problemática. «Lo que se está haciendo aquí es establecer un caso sistemático y penal para dañar al gobierno», concluyó.
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