¿Qué es lo que se ha denunciado?
- Compra del lote para la nueva bocatoma
- Se ha iniciado un debate entre concejales sobre la compra de un lote que se destinaría para construir una nueva bocatoma en Ipiales.
- La compra fue firmada por el Secretario de Gobierno (Juan Carlos Morales) en lugar del alcalde Amílcar Pantoja, lo que ha generado preguntas sobre la legalidad del acto administrativo.
- También se cuestiona un incremento en el precio avalúo: el lote inicialmente tenía un valor más bajo, luego el valor incrementó, lo que levanta sospechas de falta de claridad o de sobrevaloración.
- Hay rumores de un posible conflicto de interés porque se señala que el lote podría estar vinculado con el concejal Adrián Guerrero.
- Calidad del servicio de agua y otros hallazgos fiscales
- La Contraloría General de la República identificó un hallazgo fiscal de $18.855 millones de pesos en el proyecto de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y la optimización del sistema de acueducto de Ipiales.
- Entre los problemas señalados: diseños incompletos, múltiples reformulaciones del proyecto, retrasos en la ejecución, deficiencias en el componente ambiental, falta de caracterización actualizada del agua cruda, y la PTAP actual no fue optimizada adecuadamente dentro del contrato.
- En algunos casos, se ha cuestionado que los ciudadanos han planteado quejarse de que los “filtros” de la planta de tratamiento solo se han cambiado parcialmente y no los cinco necesarios, insiste la veeduría en que se haga una inversión real en la bocatoma para mejorar la calidad del agua.
Implicaciones y riesgos
- Estas irregularidades pueden afectar seriamente la calidad del agua que recibe la población: si la bocatoma no está bien ubicada, construida, ni diseñada, o si el agua captada no se caracteriza correctamente, puede venir contaminada o en menor cantidad.
- También hay cuestiones legales sobre los procesos de adquisición del lote, la transparencia, la publicidad del proceso y posibles conflictos de interés. Si no se manejan estos procesos conforme a la ley, puede haber sanciones o paralización del proyecto.
- Impacto social: la población sufre porque estos retrasos o fallas repercuten en el acceso al agua potable, en servicios públicos, en salud, y en confianza hacia las instituciones locales.
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