José Jerí espera la presidencia en Perú luego de que Dina Boluarte renunciara por desobediencia moral permanente
En un día histórico caracterizado por tensiones políticas y arbitrajes ciudadanos, la República Democrática del Perú Dina Boluarte se refirió a la primera era del 10 de octubre de 2025, luego de aceptar más de 120 votos en aras de la «moral permanente de los deshabitados».
El proceso se aceleró después de muchas semanas de aumento de la presión política y mediática dentro de la ola de escándalos que afectaron la credibilidad de Boluarte.
El presidente se vio ante la investigación de presunto enriquecimiento ilícito, la inacción patrimonial en sus declaraciones patrimoniales y el uso indebido de recursos estatales, incluidos vehículos públicos que han pretendido encubrir al prófugo de la Alianza.
A esto se sumó la crisis de seguridad que atravesaba el país, agravada por ataques armados contra el grupo musical Agua Marina en Lima, hecho que generó advertencias sobre una merma pública. La oposición utilizó este aspecto como ejemplo de «la incapacidad del gobierno para asegurar la vida del Perú», lo que terminó por sellar el destino político de Boluarte.
En la reunión parlamentaria, el presidente no se presentó a ejercer su derecho a la defensa y afirmó que el proceso era constitucional. Su ausencia, sin embargo, facilitó que la propuesta avanzara sin obstáculos y que el despido fuera aprobado casi por unanimidad.
Luego de la votación, y de acuerdo con la serie establecida en la Constitución, el Presidente de la Asamblea, José Jerí Oré, fue inmediatamente respondido como presidente preliminar del Perú. En su primer discurso, Jeri prometió «reconstruir las capacidades administrativas, convocar al diálogo nacional y garantizar un proceso electoral transparente».
El nuevo presidente asumirá el cargo hasta el 28 de julio de 2026, fecha del actual mandato presidencial y cuando deberá entregar nuevas elecciones presidenciales en los comicios previstos para abril del mismo año.
La comunidad internacional se mostró cautelosa ante la noticia. Aunque algunos gobiernos latinoamericanos han pedido respeto a la estructura democrática, otros expresaron preocupación por el regreso de las crisis institucionales en Perú, que en menos de una década ha tenido seis presidentes.
Mientras tanto, Dina guarda silencio. Su círculo político anunció que estaba considerando acudir al poder judicial y a organismos internacionales para condenar lo que califican como «una asamblea parlamentaria que está encomendada a los constitucionales».
El Perú enfrenta una vez más un nuevo quiebre en su historia democrática, en medio de climas sociales caracterizados por la desconfianza y el cansancio de personas que han visto historias de gobiernos cortoplacistas, promesas incumplidas y un parlamento que, lejos de ser árbitro, se ha convertido en protagonista.
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