La decisión reciente del Tribunal Superior de Bogotá de desestimar una tutela que favorecía la inscripción de aspirantes del Pacto Histórico para la consulta presidencial del 26 de octubre ha generado un fuerte revuelo en el panorama político colombiano. Este fallo pone en suspenso la legalidad y viabilidad del mecanismo con el que la coalición de izquierda pretende elegir un candidato único para las elecciones presidenciales de 2026.
Aunque la decisión no ha cancelado formalmente la consulta —la Registraduría ha dicho que seguirá adelante con el proceso—, la incertidumbre jurídica ahora es alta.
A continuación, se exponen los antecedentes, el fallo judicial, las reacciones, los escenarios posibles y los riesgos que esta polémica implica para la institucionalidad política en Colombia.
Antecedentes: el Pacto Histórico, la fusión partidaria y la controversia del CNE
- El Pacto Histórico
El Pacto Histórico es la coalición que ha respaldado al presidente Gustavo Petro. Su objetivo ha sido consolidar un bloque de partidos y movimientos de izquierda para las elecciones de 2026. - La fusión partidaria
En 2025 se tramitaron procesos legales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para fusionar partidos como Colombia Humana, Progresistas, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Sin embargo, el CNE, en su ponencia, aprobó parcialmente esa fusión, excluyendo a Colombia Humana y Progresistas. Esa decisión fue altamente cuestionada por sectores del Pacto. - Tutelas y medidas provisionales
Ante la situación, los aspirantes Gustavo Bolívar y Carolina Corcho interpusieron acciones legales para garantizar la inscripción plena de todos los candidatos del Pacto Histórico, argumentando vulneración de derechos políticos e igualdad. El Tribunal Superior de Bogotá falló inicialmente a su favor, ordenando suspender parcialmente los efectos de la resolución del CNE que impedía esa inscripción. - Retiro, presión política e intervención presidencial
Posteriormente, el Comité Político del Pacto Histórico decidió desistir de la consulta del 26 de octubre por falta de certezas jurídicas, pero ese mismo día el presidente Petro intervino desde Nueva York para exigir que la consulta siguiera adelante. Así se estableció que participarían solo tres precandidatos: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.
En resumen, lo que empezó como una estrategia legal para defender la inclusión de todos los sectores del Pacto en la consulta, devino en una crisis institucional en medio del calendario electoral.
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá y lo que implica
El martes 7 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió:
- Desestimar la tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el CNE, al considerar que no se habían agotado otros mecanismos legales ordinarios antes de recurrir a la tutela.
- Negar el amparo de los derechos fundamentales de participación política e igualdad invocados por los solicitantes.
- Dejar sin efectos la medida provisional decretada que ordenaba a la Registraduría permitir la inscripción de todos los candidatos bajo el Pacto.
El tribunal argumentó que existían rutas legales alternativas y mecanismos administrativos que no habían sido explorados por los demandantes antes de acudir a la tutela.
Este fallo retira el respaldo judicial que garantizaba la inscripción de los precandidatos, dejando al proceso de la consulta en una situación muy frágil desde el punto de vista legal.
Reacciones políticas, institucionales y del Pacto Histórico
Las respuestas frente a esta decisión han sido intensas y polarizadas:
- El Pacto Histórico, incluyendo a Gustavo Petro, calificaron el fallo como un intento de sabotaje institucional o un “golpe contra la democracia”. Se movilizaron para denunciarlo.
- Petro aseguró que la consulta sigue vigente y que no aceptarán que se frene el proceso por razones jurídicas instrumentadas.
- La Registraduría ratificó que la consulta del 26 de octubre se mantendrá, alegando que cuenta con sustento legal y que no ha sido suspendida por medida judicial formal.
- Sectores de oposición y críticos del Pacto han señalado que esta disputa pone en evidencia la fragilidad institucional del sistema electoral colombiano, y advierten riesgos de proliferación de demandas judiciales en procesos electorales.
Asimismo, algunos expertos advierten que aunque la consulta se lleve a cabo, el ganador podría enfrentar obstáculos para participar en fases posteriores —por ejemplo, en la consulta interpartidista de marzo de 2026— si su candidatura no cumple ciertos requisitos legales nuevos que podrían imponerse.
Escenarios posibles y riesgos institucionales
Dadas las tensiones legales y políticas, se perfilan varios escenarios:
- Que la consulta se realice normalmente
A pesar del fallo del Tribunal Superior, si no se impone otra medida de suspensión, la consulta podría celebrarse el 26 de octubre. La Registraduría ha manifestado que seguirá adelante con los planes logísticos. - Impugnaciones y suspensión judicial tardía
Es probable que se presenten nuevos recursos judiciales (revisión, nulidad, acciones constitucionales) que podrían suspender el proceso en etapas posteriores, generando traumatismos en el calendario electoral. - Consulta parcial o con restricciones
Que la consulta se realice sólo para ciertos candidatos o con reglas ajustadas que limiten la participación de quienes fueron excluidos por decisiones del CNE o acciones judiciales. - Suspensión definitiva del mecanismo y elección vía otro método
En el peor escenario para el Pacto Histórico, podría optarse por un mecanismo interno no vinculante, encuestas, decisión del comité político o abandonar la consulta del 26 de octubre. Algunos analistas ya sugieren que esta última opción podría recobrar fuerza si la seguridad jurídica no se restablece pronto.
Los riesgos institucionales son varios:
- Desconfianza ciudadana en el sistema electoral
Procesos judiciales que intervienen en disputas partidistas pueden desgastar la imagen del sistema electoral y provocar percepción de parcialidad. - Demoras y dispendios
Recursos de impugnación y cambios en la logística electoral podrían encarecer y retrasar el proceso, generando incertidumbre. - Docencia política de “who wins rule”
El uso estratégico de la justicia para delimitar la participación política podría convertirse en una estrategia sistemática, algo que debilita la democracia. - Polarización institucional
Conflictos entre ramas del poder (judicial vs electoral vs ejecutivo) pueden profundizar divisiones políticas profundas.
Conclusión
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá representa un quiebre en la ruta jurídica que el Pacto Histórico había construido para garantizar una consulta legalmente blindada el 26 de octubre. Aunque la Registraduría insiste en que el proceso sigue en pie y el gobierno presiona para su realización, la controversia jurídica ahora es el principal factor de riesgo.
El desenlace puede marcar no solo el destino inmediato de la izquierda en Colombia, sino también establecer precedentes sobre el rol de la justicia en la competencia política. En un país donde los recursos judiciales han sido usados frecuentemente en contiendas electorales, esta crisis pone a prueba el equilibrio entre derecho, política e institucionalidad.
62
