Un presupuesto sobredimensionado y condicionado a una reforma incierta
Durante el debate en el Congreso, Lozano sostuvo que el proyecto de presupuesto para 2026, estimado en $546 billones, se construyó sobre supuestos poco realistas y sin el respaldo de ingresos garantizados. “El presupuesto del próximo año está inflado; las cuentas no cuadran. El Ejecutivo proyecta $530 billones en ingresos y agrega $16 billones más que dependen de una reforma tributaria inexistente”, señaló la senadora, enfatizando que “el presupuesto está condicionado a una ley que ni siquiera se ha presentado”.
La congresista explicó que, de no aprobarse esa reforma, el Gobierno podría recurrir a nuevo endeudamiento para cubrir el faltante, como ha ocurrido en vigencias anteriores, incluso con la suspensión de la regla fiscal. “Si no hay reforma, saldrán a endeudarse por dieciséis billones, créditos carísimos que terminan pagando los ciudadanos con impuestos o con recursos que deberían financiar la inversión social”, advirtió.
Por esa razón, Lozano presentó una proposición para restringir el uso de deuda, planteando un “candado fiscal” que impida financiar gastos con recursos no respaldados. “No se puede inflar el presupuesto con dinero que no existe. Es un seguro para proteger las finanzas del país”, afirmó.
Aumentos polémicos y advertencias sobre uso político del gasto público
La senadora recordó que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ya había advertido un sobredimensionamiento de más de $40 billones en el proyecto, señalando que el Gobierno no ha querido ajustar el gasto a la realidad fiscal. “En lugar de hacer recortes, la ponencia de segundo debate introduce modificaciones llamativas: más recursos para política, más plata para campaña”, denunció.
Uno de los puntos más controvertidos, según Lozano, es el incremento de $280 mil millones para el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), un monto que calificó de “plata manejada sin control ni objetivo claro, justo en plena Ley de Garantías”. Para la senadora, “aumentar recursos a la Presidencia sin justificación técnica erosiona la confianza ciudadana y abre la puerta al uso político del presupuesto”.
Finalmente, Lozano instó al Gobierno a ajustar el tamaño del presupuesto a la realidad de los ingresos, evitando comprometer la inversión pública y la sostenibilidad financiera. “Endeudarse para cubrir un hueco de ingresos irreales es hipotecar el futuro. El camino debe ser la disciplina fiscal y la transparencia”, concluyó.
Debate legislativo y modificaciones pendientes
Antes del debate final, los ponentes del proyecto han recibido 196 proposiciones que buscan modificar partidas por más de $26 billones, aunque la mayoría quedará registrada como constancia. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto y evitar que este sea expedido por decreto, en medio de un ambiente político marcado por la desconfianza y la presión por ajustar las cuentas públicas del próximo año.
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