En las últimas semanas, el Congreso de México ha sido escenario de un tenso debate político en torno a la reforma de la Ley Aduanera, también conocida como Ley de Aduanas. La iniciativa, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca modernizar, transparentar y endurecer el control sobre las operaciones aduaneras, con especial énfasis en combatir la evasión fiscal, el contrabando y el fenómeno conocido como “huachicol fiscal” (contrabando y apropiación ilícita de combustible).
Este debate ha captado la atención política porque toca intereses fundamentales del comercio exterior, la recaudación fiscal, la competitividad del país y las condiciones de operación de los agentes aduanales — actores cuya responsabilidad y obligaciones cambiarían sustancialmente con el nuevo marco normativo.
Antecedentes y origen de la iniciativa
La propuesta de reforma partió del Ejecutivo, que la envió al Legislativo junto con el Paquete Económico de 2026, señalando que el actual sistema aduanero tenía fallas estructurales que permitían pérdidas fiscales multimillonarias, y que su modernización era urgente para garantizar ingresos al Estado sin tener que aumentar impuestos.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen con modificaciones el 6 de octubre, en medio de críticas de la oposición por considerar que la reforma carga demasiado peso sobre los agentes aduanales y deja sin sanciones suficientemente fuertes a los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.
En particular, se negociaron cambios en la vigencia de las patentes de agentes aduanales: originalmente la iniciativa proponía periodos cortos, pero el dictamen aprobado extendió la vigencia a 20 años, con posibilidad de prórroga, y estableció que la certificación de los agentes sea obligatoria cada tres años.
La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley el 7 de octubre con 338 votos a favor y 129 en contra, en una sesión que incluyó protestas simbólicas de legisladores de oposición, con carteles alusivos al “robo del siglo” y el tema del huachicol fiscal como eje del discurso crítico. Después de ello, la iniciativa fue turnada al Senado para su análisis y aprobación.
El debate en el Senado y su resultado parcial
El Senado de la República recibió la minuta y adelantó su discusión. Las comisiones encargadas aprobaron el dictamen, y el pleno del Senado lo llevó a votación. En la votación general, el proyecto fue aprobado con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención; en lo particular, obtuvo 77 votos positivos, 38 negativos y una abstención, e incluyó un transitorio que fija su entrada en vigor en enero de 2026. Este aplazamiento buscó dar margen para ajustes técnicos y la armonización con el Paquete Económico 2026.
El Senado justificó la aprobación señalando que la reforma “fortalece y moderniza la legislación aduanera”, y que pretende convertir las aduanas en espacios más confiables, digitales y libres de corrupción. Pero la oposición denunció sobrerregulación, riesgo para la competitividad, falta de certidumbre jurídica y asimetría de responsabilidades (que el gobierno no asume corresponsabilidades). Además, advirtieron que algunas causalidades propuestas podrían generar confiscaciones o excesos de poder, e incluso vulnerar compromisos internacionales de libre comercio.
Como parte del respaldo institucional, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) solicitó al Senado apoyo para la reforma, argumentando que los agentes aduanales deben fungir como “coadyuvantes” en la recaudación fiscal.
La aprobación fue difundida como un logro político del oficialismo, pero también como un punto de tensión con el sector privado y la oposición, que ahora monitorea cómo serán las reglas de operación en la nueva norma.
Puntos clave de la reforma propuesta
Para comprender el impacto de la nueva ley aduanera, estos son algunos de los cambios más relevantes:
- Digitalización y transparencia: muchos trámites aduaneros deberán realizarse de forma electrónica, reduciendo la discrecionalidad y el contacto físico.
- Responsabilidad compartida: se eleva la corresponsabilidad de agentes aduanales, importadores y exportadores frente a infracciones detectadas en el control fiscal.
- Sanciones más severas: se prevén multas mayores, suspensión o cancelación de patentes, incluso embargo precautorio en casos de incumplimiento.
- Vigencia de patentes de agentes aduanales: 20 años, prorrogables, con certificaciones cada tres años.
- Creación del Consejo Aduanero: órgano colegiado encargado de otorgar, suspender y cancelar patentes, así como de dirimir disputas normativas en materia aduanera.
- Entrada en vigor diferida: la ley comenzaría a operar a partir del 1 de enero de 2026, lo que da tiempo para adaptar procedimientos y reglamentos.
Implicaciones políticas, económicas y sociales
- Para el gobierno: representa una apuesta central para aumentar la recaudación sin elevar impuestos, fortaleciendo la capacidad financiera estatal ante retos económicos.
- Para el sector privado y agentes aduanales: la reforma genera certidumbres (más claridad normativa y digitalización) pero también presiones adicionales (costos de cumplimiento, certificaciones periódicas, responsabilidad compartida).
- Para la competitividad y el comercio internacional: críticos advierten que una regulación muy estricta o mal delineada puede encarecer los costos de importación/exportación, afectar flujos comerciales o desalentar inversiones.
- Para la legitimidad institucional: el perfil político del debate expone el choque entre fuerzas del oficialismo y de la oposición, pero también pone en evidencia que las reformas fiscales y aduaneras están entre los asuntos estatales de mayor disputa de poder.
- Riesgo de litigios constitucionales e internacionales: la oposición advierte que algunas disposiciones podrían ser impugnadas por exceder facultades constitucionales o violar compromisos en tratados de libre comercio.
Conclusión: foco político y técnico
El debate en el Congreso sobre la reforma de la Ley Aduanera ha ido más allá de una discusión técnica: simboliza el pulso político en torno a la recaudación, el comercio, la transparencia y el equilibrio de fuerzas entre el Estado y los actores económicos. Aunque la reforma fue aprobada con mayoría, todavía enfrenta retos: la implementación, los reglamentos secundarios, la reacción del sector comercial y la vigilancia de que no derive en cargas excesivas o abusos normativos.
Habrá que seguir de cerca cómo quedará la versión final después de reservas o ajustes, y cómo reaccionarán los sectores afectados en su puesta en marcha en 2026.
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