Alfonso Bocanegra denuncia presunto aumento de costos en compra de terrenos por parte del alcalde.
Fuerte polémica sacudió al municipio de Purificación, luego de que el concejal municipal Alfonso Bocanegra Andrade denunciara supuestos sobrecostos en la compra de terrenos destinados a proyectos de vivienda social. Según el lobista, el municipio pagaría cantidades excesivas por hectárea, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso y la pertinencia de las evaluaciones utilizadas.
El representante municipal señaló que el proyecto de acuerdo fue aprobado recientemente por el concejo municipal, a pesar de sus advertencias. El contrato en cuestión permite la compra de dos terrenos en una zona rural, uno de los cuales tendría un valor fuera de los estándares normales del mercado.
«Este es un borrador de un acuerdo que presentó la alcaldía para comprar varias propiedades. Son dos: una de unos 13.000 metros que cuesta 830 millones de dólares por hectárea, dentro de la valoración del avalúo inmobiliario, mientras que la otra parcela, de unas 10 hectáreas, tiene una hectárea y media que está valorada en 901 millones de dólares por hectárea», dice Bogra.
El lobista destacó que el segundo lote, además de tener una superficie menor, tiene un valor que triplicaría el precio normal en la zona. Esta situación generó preocupación entre algunos políticos y ciudadanos, quienes exigen claridad sobre los estudios técnicos y el origen de las valoraciones presentadas.
Bocanegra sostuvo que la raíz del problema podría estar en la falta de actualización de las herramientas de planificación urbana. «El PBOT no se renueva desde hace 24 años y esto afecta directamente las tasaciones y la definición del valor real del suelo», afirmó.
Asimismo, advirtió que la ley exige una actualización de los formularios de evaluación cada cinco años, proceso que no parece haberse cumplido en Purificación, cuestionando la legitimidad de los números que maneja la alcaldía.
El gobierno local finalizó solicitando la intervención de los reguladores para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. «No se puede jugar con el dinero de los limpios», puntualizó.
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