Uribe fue condenado por primera vez por los delitos de fraude procesal y cohecho en el proceso penal. La pena impuesta fue 12 años de arresto domiciliario. Posteriormente, la Corte Suprema de Bogotá revocó la orden de arresto domiciliario y ordenó la libertad de Uribe en espera de la resolución de su apelación. El tribunal, en segundo lugar, está previsto que emita su veredicto el martes 21 de octubre de 2025. Se trata de la primera vez que un expresidente colombiano es declarado culpable en un juicio por delitos relacionados con manipulación de testigos. El resultado del segundo nivel judicial podría confirmar, cambiar de todos modos retirar la condena, que definirá su estatus jurídico y político. Las consecuencias son tanto políticas como legales: afectan no sólo a Uribe como individuo, sino también a su Partido Centro Democrático, el legado de su gobierno y la plataforma electoral de Colombia.
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