En el contexto de transformación geopolítica y nuevas prioridades que definen la política exterior del gobierno de Donald Trump, es muy probable que en un futuro cercano se observe un incremento en el número de Bases militares de los Estados Unidos establecidas en América Latina y el Caribe. Hasta ahora, se estima que existen 76 bases en esta región, de un total aproximado de 800 distribuidas en todo el mundo.
Actualmente, la principal preocupación que subyace en la Política exterior de la Casa Blanca hacia nuestra región está centrada en Prevenir el avance económico de China. Esta estrategia busca contrarrestar la incertidumbre que a menudo genera el comercio de drogas y lo que se denomina «narcoterrorismo», que es un concepto difuso y multifacético. En este contexto, el actual gobierno de la República ha proporcionado apoyo logístico para la Deportación de inmigrantes desde los Estados Unidos.
En los últimos tiempos, y ante la controversia que la instalación de nuevas bases siempre trae consigo, el gobierno de Estados Unidos está implementando una variedad de estrategias. Estas van desde la creación de instituciones permanentes hasta la Determinación junto con el ejército local para llevar a cabo operaciones de cooperación conjunta. Un hecho notable de esta estrategia es que, además de ser más económicos, generalmente no requieren un proceso parlamentario extenso, lo que evita una mayor difusión de información en los medios que podría resultar contraproducente.
De este modo, a través de bases militares y diversas iniciativas, Washington busca ejercer un mayor control sobre áreas estratégicas, cuyo valor se incrementa debido a la existencia de recursos naturales. Esto no solo se traduce en la búsqueda de mejorar una situación territorial en ciertos contextos, sino que también prepara a Estados Unidos para enfrentar posibles escenarios conflictivos, tanto a corto como a mediano plazo.
El territorio latinoamericano alberga una variedad de instalaciones militares que se remontan a las más antiguas, como la Base de Guantánamo, considerada uno de los principales centros de violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Actualmente, esta base se ha reformulado para acoger a inmigrantes indocumentados. Los nuevos conceptos de bases que se están considerando bajo el gobierno de Trump no diferirían en gran medida del modelo establecido en 1903, ocupando ilegalmente una parte del territorio cubano.
En su reciente visita a Panamá a principios de abril, el Secretario de Defensa Pete Hegseth firmó un acuerdo de entendimiento con la administración de José Raúl Mulino. Este acuerdo permite a Estados Unidos implementar cascos en áreas cercanas al canal. Sin embargo, esta medida plantea conflictos con la constitución que establece la neutralidad del canal y que solo otorga a los Estados Unidos la autoridad para defenderse en caso de que su neutralidad se vea amenazada.
En este sentido, Washington puede presentar un número significativo de personal en tres bases que el Pentágono ya tenía bajo su control cuando anteriormente operaba el canal: Howard Air Base, Naval Station «Rodman» y la base aérea «Sherman», sumando así 12 bases estadounidenses que han existido en Panamá.
Además, Trump ha obtenido un pasaje gratuito para barcos de la Marina de los Estados Unidos a través del canal de “costo neutral” para Panamá. En una decisión que refuerza la colaboración entre ambos países, Mulino aceptó que Panamá podría ser un punto de tránsito para migrantes ilegales expulsados de Estados Unidos, como ya ha sucedido con individuos provenientes de India, China, Uzbekistán, Pakistán y Afganistán, quienes han comenzado a llegar.
Junto con Panamá, otro país que resalta en este contexto latinoamericano bajo la nueva administración de Trump es Ecuador. Esto se ha evidenciado especialmente a partir de la reelección de Daniel Nobo desde el 13 de abril. La oferta principal de la Tierra Andina es Galápagos, donde Estados Unidos ya mantuvo una base durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la prioridad del Pentágono se centra en la contención de China, la narrativa oficial sostiene que la militarización de la isla responde a un incremento en la seguridad contra el tráfico de drogas en el Océano Pacífico.
Aunque la constitución de 2008 prohíbe el establecimiento de bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, dado que las islas están protegidas como «patrimonio natural de la UNESCO», Nobo está considerando una reforma constitucional a corto plazo que permita la militarización en Galápagos, sin dejar de lado la recuperación de la antigua base que fue autorizada en 2009 bajo el gobierno de Rafael Correa.
En otro ámbito, la importancia del Pacífico también influye en las relaciones exteriores del gobierno de Dina Boluarte, quien, a partir de la inauguración del Megapuerto de Chancay en 2024 al norte de Lima, se encuentra inserta en la Franja y la Ruta organizada desde Beijing. Para contrarrestar esto, el gobierno peruano ha ofrecido a Estados Unidos la construcción de una instalación espacial cerca de la ciudad de Talas, en el departamento de Piura, como parte de una inversión conjunta entre Southern y la NASA, ambas bajo el control de Elon Musk.
Por otro lado, Guyana se ha convertido en un bastión para el Comando Sur, especialmente en medio de las tensiones crecientes con Venezuela y la explotación del petróleo en la región del Esequibo. En respuesta a ello, Estados Unidos está acondicionando el aeropuerto de Brigadier Gary Bean y edifica cuatro celdas en el río, entre otras iniciativas, para fortalecer la defensa de Guyana contra posibles amenazas de Venezuela, apoyándose en otras bases establecidas en el Caribe.
Finalmente, el emprendimiento entre Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei se orienta hacia la construcción de una base con un enfoque en el Atlántico Sur y la Antártida. Bajo este diseño, Washington compartiría esa ruta con el Reino Unido. La reciente visita a Argentina por Alvin Holseja, el nuevo jefe de comandos del sur, seguramente avanzará en esta área. Es evidente que la ocupación del gobierno no solo refuerza su influencia en América Latina, sino que también asegura el dominio sobre nuevos territorios y garantiza el acceso a recursos naturales estratégicos, aunque esta expansión se realiza con el crucial apoyo de gobiernos aliados.
