El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, anunció este 5 de noviembre una iniciativa para que los militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia —hechos que ocurrieron el 6 y 7 de noviembre de 1985— reciban “los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria” mediante una norma legislativa o acto constitucional promovido por su bancada. La comunicación pública del exmandatario se realizó a través de su cuenta en X y fue recogida por medios nacionales.
El anuncio revive una de las heridas más sensibles de la memoria reciente colombiana. La toma del Palacio de Justicia por parte del M19 y la posterior retoma por parte de la fuerza pública dejaron un balance trágico: decenas de muertos —entre ellos magistrados, empleados judiciales, civiles y miembros de la guerrilla— oficinas destruidas y años de controversia judicial y política sobre responsabilidades y encubrimientos. La Comisión de la Verdad, el Consejo de Estado y diversas organizaciones de memoria han documentado los hechos y las inconsistencias en la actuación estatal desde entonces.
Según los reportes periodísticos que cubrieron la declaración de Uribe, la propuesta tiene dos frentes posibles: buscar un acto legislativo (o una ley) que otorgue beneficios equivalentes a una absolución o impulsar una reforma que permita revertir condenas y procesos abiertos contra militares implicados. El expresidente pidió a su bancada en el Congreso que busque aliados para tramitar la iniciativa. Hasta el momento de la publicación, no se ha radicado un texto formal de proyecto de ley público en las tablas del Legislativo que describa el alcance jurídico técnico del planteamiento.
La reacción política y social ha sido inmediata y polarizada. Sectores afines a Uribe y grupos que defienden la institucionalidad han celebrado la iniciativa como un acto de reivindicación hacia soldados que, argumentan, actuaron bajo orden o en condiciones excepcionales para “rescatar” el edificio. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, académicos y sectores de la sociedad civil han expresado rechazo y preocupación: consideran que una norma que equivalga a absoluciones dejaría impune la vulneración de derechos humanos, despojaría de acceso a la verdad a las víctimas y pondría en riesgo estándares de justicia transicional y de derecho internacional humanitario.
Contexto judicial: décadas de procesos y controversias
Desde los años posteriores a la retoma ha habido procesos penales y disciplinarios contra militares señalados por ejecuciones judiciales y otros delitos conexos. Algunos oficiales de alto rango han sido investigados o condenados en instancias nacionales; en otros casos las decisiones han sido objeto de apelaciones y revisiones. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad han sido instancias donde familiares y víctimas han buscado esclarecimiento y reparaciones, señalando irregularidades en la respuesta estatal. Cualquier iniciativa que modifique sentencias o deje sin efecto responsabilidades choca con el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad, según el entramado jurídico nacional e internacional.
Implicaciones políticas y electorales
La propuesta llega en un momento de intensa movilización política por la carrera electoral hacia 2026. Para la bancada del Centro Democrático, el tema puede construirse como un eje de defensa de la fuerza pública y del reconocimiento a militares; para los adversarios y críticos, puede amplificarse como un símbolo de impunidad y de retrocesos en materia de derechos humanos. Analistas advierten que iniciativas de este tipo suelen polarizar el debate público y reavivar memorias traumáticas entre las víctimas y sus familias.
Qué falta por saber y próximos pasos
Por ahora no hay un texto de proyecto público con el contenido legal preciso ni cronograma de trámite. El paso inmediato será la eventual radicación en el Congreso o una propuesta programática del Centro Democrático que permita conocer el alcance —si se trata de indultos, amnistías, actos legislativos o modificaciones procesales— y las condiciones jurídicas que contendría. Las organizaciones de derechos humanos y los representantes de víctimas han anunciado que darán seguimiento y, de ser necesario, acudirán a instancias nacionales e internacionales para cautelar los derechos al esclarecimiento y la reparación.
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