La Policía Nacional ha tomado la decisión de permitir que sus uniformados porten armas de dotación, incluso cuando no están en servicio. Esta autorización, que fue anunciada por el general Carlos Fernando Triana, se da en el contexto de una alarmante ola de violencia que ha cobrado la vida de 27 policías en un lapso de solo dos semanas. Estos ataques han sido atribuidos al temido clan del Golfo, lo que ha generado preocupación y debate en la sociedad. El nuevo «plan de pistola» permite que los agentes mantengan sus armas consigo fuera de su jornada laboral para poder defenderse en situaciones críticas.
Durante un Consejo de Seguridad realizado en Guaviare, el general Triana afirmó: «‘Primera vida'». Con estas palabras, se refería a la necesidad de que la fuerza policial esté preparada para responder a cualquier amenaza. En su declaración, el alto mando hizo un llamado a los miembros de la policía para que adopten protocolos de defensa personal y permanezcan en un estado de alerta constante ante posibles emergencias. Este enfoque busca modificar procedimientos para evitar ser víctimas de ataques sorpresivos.
La implementación de esta medida es especialmente crítica en regiones como Bolívar, Córdoba y Atlántico, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. El clan del Golfo, conocido por sus tácticas de ataque selectivo, ha intensificado sus acciones contra las fuerzas de seguridad, apuntando incluso a quienes se encuentran en la comodidad de sus hogares.
Los expertos cuestionan la efectividad de la estrategia: «Esta es solo una reacción defensiva»
A pesar de que permitir a los agentes portar armas fuera de servicio puede ser una respuesta inmediata para frenar algunos ataques, los especialistas en seguridad expresan dudas sobre la eficacia real de esta medida. Janiel Melamed, de la Universidad Ciudadana del Observatorio de Seguridad del Norte, argumenta que esta acción es un mero paliativo que no aborda de manera profunda los problemas estructurales que enfrenta la seguridad en el país.
El analista César Niño también ha planteado preocupaciones sobre el impacto que esta decisión podría tener en la comunidad. Según él, permitir que los policías mantengan sus armas en casa podría generar tensiones entre los vecinos y aumentar el riesgo de que los uniformados se vean involucrados en situaciones peligrosas. «No hay garantía de que esta medida contenga los ataques; de hecho, podría incrementar el riesgo en comunidades vulnerables», dijo Niño.
Por otro lado, Henry, un experto en seguridad urbana, puntualiza que dar este tipo de permisos puede comprometer la seguridad personal de los policías. Al identificarse en sus respectivos distritos, cualquier confrontación se podría volver más peligroso. Además, el uso de armas fuera de servicio podría dar lugar a nuevos conflictos en áreas donde la criminalidad ya es alta.
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Origen de 2022 y una solicitud de apoyo de los ciudadanos; Plan de pistola: la policía permite a sus agentes mover sus armas del servicio
Esta situación no es nueva; de hecho, el uso de estas políticas ya había sido implementado en 2022 durante el gobierno de Iván Duque, cuando el general Jorge Luis Vargas también autorizó a los policías a portar armas fuera de servicio como una respuesta a la misma ola de violencia. En ese entonces, se trataba de una acción enfocada principalmente en municipios afectados por la criminalidad.
El experto Hugo Acero recuerda que el éxito de dicha medida dependerá en gran parte del apoyo de la ciudadanía y del fortalecimiento de la inteligencia policial. «Es crucial abordar la raíz de los problemas: interceptar a los autores intelectuales de los delitos, ofrecer recompensas efectivas y crear un vínculo de confianza con la población», destaca Acero.
En departamentos como Sucre y Córdoba, donde esta estrategia ya ha sido implementada parcialmente, se ha notado una ligera reducción en los ataques. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmus Zuleta, ha solicitado que se extienda este permiso, incluso para los agentes que están de vacaciones.
El general Triana concluyó su intervención haciendo un llamado a la población civil: «Estas actividades criminales están dirigidas a infundir terror. Necesitamos la cooperación de todos para identificar a los responsables y evitar que ocurran más tragedias”.
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