Con la expedición de la Resolución 3461 de 2025, el Ministerio del Trabajo introdujo una reforma sustancial al marco normativo que regula los Comités de Convivencia Laboral (CCL) en el país. Esta norma deroga las Resoluciones 652 y 1356 de 2012 y modifica la Resolución 2646 de 2008, redefiniendo la prevención, atención y corrección del acoso laboral en el entorno organizacional.
Según María Carolina Martínez y Felipe Arévalo, asociados de Godoy, esta nueva regulación representa un cambio estructural en la gestión de la convivencia laboral, con implicaciones directas en la operación de las empresas públicas y privadas.
Entre los principales ajustes se destacan:
- Las reuniones del CCL pasan de trimestrales a mensuales, lo que exige una gestión más continua.
- Se fija una duración máxima de 65 días calendario para el trámite de las quejas.
- Cada comité deberá contar con su propio reglamento interno.
- Se amplía la competencia del CCL a contratistas, practicantes y otros actores laborales, en línea con el Convenio 190 de la OIT.
- El CCL no podrá conocer casos de acoso sexual ni determinar la existencia del acoso laboral, limitando su alcance a la prevención y conciliación.
En materia preventiva, la norma fortalece la formación en temas de género, diversidad, resolución de conflictos y salud mental, incorporando los primeros auxilios psicológicos como medida de respuesta temprana. En el ámbito correctivo, se incluyen acciones de control del riesgo y la posibilidad de traslado laboral recomendado por el médico o el comité.
Respecto a la conformación, la Resolución ratifica el principio de paridad entre representantes del empleador y de los trabajadores, ajustando el número mínimo de integrantes según el tamaño de la empresa. No obstante, Martínez advierte que “la aplicación puede resultar compleja en microempresas, donde la mayoría de los empleados podrían integrar el comité, afectando la gestión efectiva de las quejas”.
Asimismo, el Ministerio del Trabajo emitió un concepto aclaratorio el 9 de octubre, precisando la conformación y la posibilidad de implementar CCL por sedes, regiones o áreas, con autonomía técnica, siempre que se garantice la accesibilidad y oportunidad de atención.
Finalmente, Arévalo destaca que, “aunque la intención de la norma apunta a fortalecer la prevención del acoso laboral, su diseño incrementa las cargas administrativas para las organizaciones, lo que podría alejarla de su propósito original”.
El incumplimiento de las disposiciones podrá ser sancionado con multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
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