El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo proceso penal tras la imputación de seis cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, que los vincula a su etapa como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Según la acusación, Nicolás Petro —en ejercicio de su curul— habría intervenido indebidamente en la celebración de contratos suscritos por la Gobernación del Atlántico con la Fundación Conciencia Social – FUCOSO. La Fiscalía sostiene que esos convenios estaban dirigidos hacia programas para adultos mayores, pero que presuntamente sirvieron para repartirse recursos públicos sin que se cumpliera el objeto para el cual fueron creados.
Los delitos que se le imputan son:
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Peculado por apropiación.
- Tráfico de influencias.
- Falsedad en documento público.
- Falsedad en documento privado.
- Falso testimonio.
En cuanto a los hechos específicos, la Fiscalía expone que entre 2021 y 2022 se habrían ejecutado contratos por cerca de 400 y 572 millones de pesos con la fundación, anticipos que no fueron destinados a su fin original.
El juicio se llevará a cabo ante el Juzgado 14 de Garantías de Barranquilla, donde también se definirá la medida de aseguramiento: si Nicolás Petro permanecerá o no en prisión preventiva mientras avanza el proceso.
Este nuevo frente judicial se suma al que el investigado ya enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso ha generado atención nacional debido a las implicaciones políticas y la complejidad del entramado administrativo que describe la Fiscalía.
La defensa de Nicolás Petro ha cuestionado los cargos y denunciado presuntas irregularidades en el proceso, mientras la Fiscalía continúa reuniendo evidencia y preparando la fase de juicio. La sociedad, por su parte, observa atentamente el desarrollo de este caso y su posible impacto en el escenario político colombiano.
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