En comunicación dirigida al Ministro de Justicia, Adolfo León Varela, los cabilderos declararon que «se están presentando una serie de presiones irrazonables».
El municipio de Melgar, encabezado por Francisco Antonio «Pacho» Bermúdez, enfrenta un nuevo escándalo luego de ser denunciado ante la Secretaría de Justicia y el Ministerio de Trabajo por presuntas presiones a contratistas de la anterior administración de Rodrigo Hernández, quien fue revocada en otro caso por el Consejo de Estado.
La denuncia fue firmada por los ministros Julieth Bejarano Perilla, Karen Silva Duarte y Kevin Jaraba Oyola, quienes pidieron la «intervención inmediata» de los reguladores para frenar lo que calificaron como un «ambiente de acoso laboral».
En comunicación dirigida al abogado Adolfo León Varela, los cabilderos dijeron que «se están aplicando una serie de presiones y hostigamientos irrazonables a los contratistas y funcionarios del gobierno municipal y sus organismos afiliados y afines, todo esto con el fin de obligarlos a rescindir el contrato de inmediato o presentar sus renuncias según sea el caso. Además, denunciaron que «las amenazas llegan al extremo de decirles que no les pagarán hasta enero de 2026», por lo que llamaron a un investigación formal y medidas urgentes para «evitar una inminente masacre laboral».
Ante las acusaciones, la alcaldesa Melgar se expresó a través de un comunicado en redes sociales, donde atribuye los retrasos en los pagos a la difícil situación financiera del municipio. «El déficit de caja ha afectado la frecuencia de los pagos a los contratistas», dice el comunicado. Finalmente, la junta aseguró que los pagos se realizarán de acuerdo con el presupuesto anual de caja (PAC) y la recaudación disponible en el municipio.
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