El pasado 10 de noviembre de 2025, un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares de Colombia contra un campamento de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, en la zona rural del municipio de Calamar (Guaviare), dejó un saldo fatal: según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, siete menores de edad murieron en la operación.
Confirmación de Medicina Legal y detalles del balance forense
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, informó que el instituto recibió 20 cuerpos tras la operación, trasladados a sus sedes en Villavicencio y San José del Guaviare para su identificación. De ese total, siete correspondían a menores de edad: cuatro de género femenino y tres de género masculino.
Los hallazgos forenses se obtuvieron mediante un trabajo interdisciplinario con participación de expertos en medicina, odontología, antropología y otras disciplinas. Los cuerpos fueron identificados usando cotejos dactiloscópicos para 16 de ellos y carta dental para otros 4. Los resultados se entregarán a la Fiscalía General de la Nación, que deberá seguir con la investigación sobre las circunstancias del bombardeo.
Edades estimadas de los menores
Según El País, en un informe preliminar al que tuvo acceso, al menos 5 de los siete menores fueron identificados con edades entre 13 y 17 años. Los nombres y las edades de algunos son:
- Caren Smith Cubillos Miraña — 13 años.
- Dani Santiago Leyton Cuéllar — 15 años.
- Deini Lorena Beltrán Mendoza — 16 años.
- Maicol Andrés Pérez Ávila — 16 años.
- Martha Elena Abarca Vilches — 17 años.
Los otros dos menores no han sido detallados públicamente por nombre en esos reportes, aunque su presencia está confirmada por Medicina Legal.
Reacción institucional y debate humanitario
La Defensoría del Pueblo, liderada por la defensora Iris Marín, había reportado inicialmente seis menores muertos, pero el ajuste de Medicina Legal a siete víctimas ha profundizado el debate. La Defensoría ha expresado su preocupación por violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente por el reclutamiento forzado y la protección de menores.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad política del bombardeo. En sus redes sociales, justificó la operación señalando que existía un riesgo real para las tropas: dijo que tomó “a riesgo, la decisión de salvarles la vida” a los soldados que podrían haber sido emboscados por los disidentes. Petro reconoció la muerte de los menores como «lamentable», pero consideró que la acción era necesaria ante el avance de los insurgentes.
Reacciones internacionales
Organismos internacionales también han reaccionado. La ONU, a través de su oficina de derechos humanos en Colombia, condenó la muerte de los siete menores y pidió medidas para prevenir el reclutamiento infantil, al tiempo que exigió que en futuros operativos se adopten todas las precauciones para respetar la vida de niños, niñas y adolescentes, incluso si están vinculados a grupos armados.
Contexto del reclutamiento y marco legal
Según la Defensoría y otros organismos, los menores que murieron habrían sido reclutados forzosamente por las disidencias de las FARC, lo cual es una práctica grave y tipificada como crimen de guerra según el DIH. Aunque participar en hostilidades puede poner a un menor en una situación de combate, el DIH exige límites estrictos: incluso reclutados, tienen una protección reforzada, y las operaciones militares deben diseñarse para minimizar daños y respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
18
