Alerta de Bernal por pérdida de millonarios después de un contrato con una empresa privada
Recientemente, se firmó un contrato multimillonario entre la provincia y la compañía de esencia, que tiene como objetivo establecer y operar el famoso estadio Nemesio Camacho El Campín. Este acuerdo ha generado una serie de tensiones y disputas que han llegado hasta el Consejo de Bogotá. La ministra Ana Teresa Bernal, en su intervención en el Tratado Histórico, inició una charla crítica sobre la falta de transparencia que rodea la estructura del acuerdo y sobre las pérdidas económicas que podría acarrear para la ciudad. La incertidumbre también ha crecido, especialmente entre decenas de empleados y pequeños comercios que históricamente se han beneficiado del evento deportivo que representa el estadio.
Durante una reunión del comité de planificación, Bernal destacó que el acuerdo, que según la administración estaba presentado como «libre» para la ciudad, en realidad conlleva una pérdida millonaria para el Instituto del Distrito de Recreación y Deportes (IDRD). «La narrativa que se quiere vender es que Bogotá no pierde nada con esta alianza pública y privada, pero nada más alejado de la realidad. Solamente en ingresos por alquiler, la ciudad dejará de percibir más de 12,000 millones de pesos anualmente», subrayó.
Más allá de los datos económicos, Bernal también hizo hincapié en las preocupaciones sobre potenciales conflictos de interés. Criticó que el actual gerente de esencia, Jaime Luque, había sido asesor del IDR y había participado activamente en la creación del modelo de contrato promovido por el sector privado. «Esto es extremadamente grave. Una persona que diseñó el modelo público ahora se encuentra en una posición de liderazgo en la compañía que gestionará el campo. Este asunto debe ser objeto de una investigación exhaustiva por parte de los organismos pertinentes», expresó, formalizando así una consulta al respecto.
La ministra continuó insistiendo en la falta de información clara acerca de cómo se trataría la participación ciudadana en todo este proceso. Se han presentado solicitudes de derechos para obtener registros de las supuestas tablas técnicas que el IDR había proclamado. Además, se exigieron explicaciones sobre cómo se garantizaría la protección de los derechos de los vecinos, trabajadores, sindicatos y productores informales. «Lo que hemos recibido hasta ahora son promesas nebulosas y vagas, además de un modelo que parece haber sido diseñado sin tener en cuenta a aquellos que forman parte de la vida social y laboral del estadio», detalló Bernal.
Empleados, el gran contrato olvidado
Uno de los aspectos más críticos que resaltó la ministra fue el futuro laboral de los empleados y sindicatos que dependen del funcional estadio Campín. «Nadie ha informado sobre qué sucederá con ellos. ¿Se tratará de una transferencia? ¿Se consideraron en el nuevo modelo? ¿O simplemente quedarán fuera?», cuestionó, advirtiendo que cualquier transformación debería garantizar los derechos adquiridos y evitar que los cambios se usen como excusa para fomentar el empleo precario.
Bernal también instó a reflexionar sobre la situación de la Bogotá Filarmónica, que debería beneficiarse del proyecto, pero que hasta ahora solo ha recibido espacio para ensayos. «Una ciudad como Bogotá necesita proyectos que fortalezcan la cultura y la comunidad, no que la debiliten. Aquí hay una increíble oportunidad para integrar el deporte con la comunidad, que se ha perdido a lo largo del tiempo», afirmó.
Al finalizar su exposición, la ministra exigió que la modernización de la infraestructura no se confunda con un proceso de privatización. «No nos oponemos al desarrollo, pero estamos en contra de un modelo de ciudad que privilegia lo privado sobre lo público. El Campín ha sido un emblemático legado para la industria popular en Bogotá. Hoy, su futuro parece haber sido decidido a puertas cerradas, sin considerar a aquellos que realmente habitan y disfrutan esta infraestructura», concluyó.
En este sentido, Bernal exigió que el acuerdo se examine con lupa y que el alcalde Carlos Fernando Galabán responda con total transparencia a todas las inquietudes planteadas por el consejo.
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