El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este viernes con firmeza frente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La orden judicial, adoptada por la magistrada Aura Rosero, también incluye al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y fue emitida luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara medidas de aseguramiento privativas de la libertad por supuestos delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho, asociados a un entramado de presunta corrupción en la UNGRD.
Crítica presidencial
En su pronunciamiento, Petro cuestionó no solo la medida en sí, sino también la coherencia del criterio aplicado por la magistrada Rosero, recordando que la misma jueza fue quien ordenó la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso judicial anterior, lo que a juicio del mandatario amerita un análisis público sobre la justicia impartida en Colombia.
El jefe de Estado señaló que la decisión de enviar a Bonilla a prisión preventiva —quien tiene 76 años, ha estado recientemente en unidad de cuidados intensivos (UCI) y tiene “graves problemas de salud”— representa un riesgo tangible para su vida. Petro subrayó que, en su opinión, Bonilla “jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia” y que su trayectoria profesional como doctor en economía y profesor universitario merece consideración al evaluar medidas de aseguramiento.
Afirmaciones sobre inocencia y contexto
Petro describió al exministro como alguien “extorsionado” y convertido en un “chivo expiatorio” dentro del proceso. Rechazó categóricamente cualquier implicación de Bonilla en la asignación de “cupo indicativo” a congresistas —una práctica de la cual él mismo afirmó ser el primero en denunciar en gobiernos anteriores— y defendió la legitimidad de las funciones de Bonilla en la discusión presupuestaria.
Mientras tanto, distintas voces en el Congreso han reaccionado a la postura del presidente con posiciones encontradas. Algunos legisladores opositores han señalado que Petro estaría intentando exculpar a Bonilla, lo que ha derivado en un debate político intenso sobre la separación de poderes y la independencia judicial.
Reacciones del entorno jurídico
Por su parte, el abogado de Bonilla ha insistido en el respeto a la presunción de inocencia y ha pedido que se trate al exministro bajo esa condición mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía argumentó que la medida carcelaria fue adoptada tras considerar que no se cumplían los requisitos legales para conceder detención domiciliaria.
Este caso marca un episodio delicado en la política colombiana, al enfrentar al poder ejecutivo con decisiones judiciales de alto impacto y abrir un debate sobre la justicia, garantías procesales y riesgos de salud de los procesados en contextos de alta polarización política.
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