Hay dudas sobre si Julián Ramírez conoce los detalles de la postulación a la alcaldía.
Una denuncia anónima sacudió la oficina del alcalde Alvarado tras revelar supuestas irregularidades en un delicado proceso interno. La acusación apunta a una joven abogada contratada que, según informes de los medios, intervino en decisiones que en última instancia la beneficiarían. La situación generó alarma sobre un posible conflicto de intereses y la forma en que se organizó la evaluación. Aunque no hay confirmación oficial, el caso ya está causando ruido político y preocupación ciudadana sobre la transparencia del gobierno local.
La información que se conoce indica que el abogado, que tiene 25 años, se encuentra en una relación contractual activa con el Ayuntamiento. Sus tareas incluyen dictar sentencias, brindar apoyo legal a la oficina gubernamental y tramitar quejas. La denuncia sugiere que participó en la redacción de un fallo que allanó el camino para su propia solicitud de control interno, escenario que, de probarse, violaría principios fundamentales de imparcialidad. También se señala que la supervisora de su contrato sería parte del grupo encargado de revisar las hojas de vida y reducir la necesaria separación de roles.
El comité de evaluación, integrado por el gobernador y un psicólogo institucional, está acusado de diseñar un sistema que habría excluido otros formatos en favor de contratistas cercanos. Voces críticas hablan incluso de un posible acto reprobable para el servicio público. A esto se suma la cuestión de la experiencia comprobada: se menciona treinta y seis meses en control interno, pese a que la carrera conocida gira en torno al trabajo jurídico general.
Hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial que confirme o desmienta las acusaciones. Fuentes locales temen que el alcalde Julián Ramírez conozca los detalles del proceso. La ausencia del presidente en el panel alimentó versiones de que podrían estar tratando de «confundir» a la central. El gobierno local mantiene un fondo de reserva, pero se atiene a la presunción de inocencia.
El episodio reabre el debate sobre vigilancia, meritocracia y vigilancia ciudadana en territorios pequeños. Las organizaciones y los líderes exigen una investigación seria para aclarar los hechos y generar confianza. También advierten de que situaciones similares podrían repetirse en otros municipios si no se refuerzan unas normas claras. Por ahora, la sociedad espera resultados verificables que disipen dudas y aseguren procesos justos para restaurar la credibilidad institucional y requieran un control ciudadano permanente.
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