Gobierno de Rodrigo Paz llega a acuerdo con los transportistas y desactiva su protesta
La Paz. Una enorme y ruidosa marcha de mineros congestionó ayer las calles del centro de La Paz, mientras en otras ciudades de Bolivia se realizaban protestas durante el primer día de huelga de trabajadores convocados en rechazo a la abolición de los subsidios a los combustibles por parte del nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz.
La policía acordonó los accesos a la plaza central donde se encuentra el Palacio de Gobierno de La Paz para impedir el ingreso de los manifestantes. En la vecina ciudad de El Alto, las asociaciones de vecinos mantuvieron cerradas algunas avenidas y hubo cortes de ruta en seis de las nueve regiones, según el Administrador de Carreteras.
«Estamos en las calles en una lucha que continuará hasta que se levante esta norma que elimina el subsidio», advirtió a los periodistas el dirigente minero Andrés Paye. «Este gobierno aprueba normas que favorecen a los empresarios y castigan a los pobres», acusó.
Mientras tanto, sindicatos vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019) participaron en una marcha masiva en Cochabamba, la tercera ciudad del país andino, y bloquearon dos rutas importantes hacia el este.
Más allá de estas protestas, la huelga general -convocada por la Central Obrera Boliviana (COB)- aparentemente no tuvo pleno impacto el primer día.
Durante el fin de semana, el gobierno logró cerrar acuerdos con la mayoría de los gremios del transporte, por lo que desactivó la protesta y abrió negociaciones con otros sectores. El tránsito era normal en La Paz, aunque escaso en el sector urbano de Santa Cruz, el más poblado al oriente.
«No hay huelga, los transportistas trabajaremos al servicio del pueblo», explicó a los periodistas Lucio Gómez, dirigente sindical, tras la reunión con las autoridades.
Luis Paco, otro dirigente sindical, dijo a periodistas que «sabíamos que en algún momento se iba a parar el subsidio, no era el momento, el ajuste no estaba pactado, pero era inevitable».
Paz, que asumió el cargo el 8 de noviembre, puso fin a un subsidio al combustible mantenido por gobiernos de izquierda durante más de 20 años a 0,53 dólares el litro, pero las importaciones de gasolina y diésel, que han alcanzado los 3.000 millones de dólares al año, han agotado las reservas extranjeras y han empeorado la peor crisis económica que ha golpeado a la industria de los hidrocarburos en cuatro décadas después de que la economía boliviana golpeara a la industria de los hidrocarburos.
«El país está enfermo y hay que curarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que acaba beneficiando al contrabando. La medida no se puede deshacer, pero es un punto de partida», afirmó el presidente de centroderecha durante un encuentro con los ciudadanos el domingo en la televisión estatal.
Mientras tanto, Paz dispuso un aumento salarial de 20 por ciento que alcanza al 15 por ciento de la fuerza laboral, ya que 85 por ciento está en el sector informal, al tiempo que mantuvo los bonos sociales para adultos mayores y familias pobres, que anunció tendrán un aumento. Por su parte, los transportistas podrán importar autopartes libres de impuestos.
Sectores empresariales apoyaron las medidas, que también contaron con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Paz intenta atraer inversiones para reactivar la economía.
