Bogotá, 16 de enero de 2026 — La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), principal gremio del sector constructor en Colombia, encendió las alarmas esta semana tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que propone cambiar la forma en que se fijan los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) en el país —medida que el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, calificó como un intento de control de precios sobre la vivienda.
La propuesta, todavía en consulta pública hasta el 24 de enero, plantea que el valor de las VIS se establezca únicamente en pesos colombianos desde las primeras etapas de comercialización y no se indexe automáticamente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), como ocurre actualmente. Históricamente, el precio máximo de este tipo de vivienda está referido en salarios mínimos, lo que hace que un aumento del salario básico implique automáticamente un techo más alto para el precio.
¿Qué propone el Gobierno?
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, sostiene que esta medida busca frenar alzas injustificadas en el precio de la vivienda VIS y VIP (Vivienda de Interés Prioritario), argumentando que la indexación al salario mínimo ha generado incrementos que no necesariamente reflejan los costos reales de construcción ni benefician a los hogares de bajos recursos. En mensajes públicos, Petro ha defendido que “el salario vital no eleva sustancialmente el precio de la vivienda” y ha justificado el proyecto de decreto como una acción técnica para proteger a los compradores.
La reacción de Camacol
Para Camacol, la iniciativa no sólo equivale a un control artificial de precios, sino que tiene implicaciones legales, económicas y sociales de gran alcance. El gremio advierte que:
- La propuesta desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la VIS tanto en pesos como en salarios mínimos y sólo define el precio definitivo al momento de la escrituración.
- Fijar precios desde etapas tempranas genera incertidumbre jurídica y financiera, lo que podría disminuir la oferta de vivienda, encarecer proyectos y desincentivar inversiones en el sector.
- El aumento del salario mínimo para 2026 —superior al 23%— ha presionado los costos de construcción, ya que mano de obra y materiales representan cerca del 70% del costo total de una VIS.
- Cambiar las reglas podría afectar la viabilidad de subsidios y créditos hipotecarios, que se determinan con base en el valor de la vivienda al momento de la escrituración.
Camacol también recuerda que, bajo el actual Gobierno, el precio máximo de la VIS ha aumentado significativamente —alrededor de un 76% según el gremio— lo cual, en su opinión, explica mejor los problemas de acceso a vivienda que cualquier supuesto efecto marginal del salario mínimo.
Impactos sociales y económicos
Los críticos de la medida insisten en que limitar la capacidad de ajustar precios a lo largo del ciclo de construcción (que puede tardar entre cuatro y cinco años) puede reducir la oferta de vivienda formal, presionar al alza los precios de arriendo y exacerbar la exclusión habitacional. Además, podrían quedar fuera de los subsidios y créditos muchos de los hogares a los que supuestamente se busca proteger.
El sector constructor señala, además, que la ley ya contempla mecanismos objetivos para fijar precios mediante referencias a salarios mínimos en el Plan Nacional de Desarrollo, y que más del 60% de las VIS se vende actualmente por debajo de esos topes legales.
Hacia dónde va la discusión
La polémica refleja un choque de visiones entre el Gobierno, que prioriza mecanismos regulatorios para contener incrementos de precios y proteger el acceso a la vivienda, y el gremio constructor, que considera que la intervención estatal directa en los precios podría reducir la disponibilidad de vivienda asequible y debilitar la estabilidad jurídica del mercado.
Mientras el borrador de decreto sigue en consulta pública, el debate se intensifica y diversas voces —tanto del sector privado como de expertos económicos— observan de cerca el posible impacto de una eventual norma que, según Camacol, podría transformar el mercado de vivienda social en Colombia.
35
