La democracia colombiana enfrenta un panorama crítico para los comicios de 2026. Organismos de observación y defensores de derechos humanos lanzaron una alerta urgente. Grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo ejercen presiones territoriales. Estas acciones ponen en riesgo la libertad de los electores en regiones como Cauca, Chocó y Antioquia.
El voto bajo presión armada
En las zonas rurales, el miedo reemplaza a la convicción política. La Misión de Observación Electoral (MOE) describe un control social permanente sobre las comunidades. Los criminales restringen la movilidad y vigilan directamente a los líderes sociales. Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirma que la democracia sufre cuando el ciudadano actúa bajo miedo. Esta dinámica consolida poderes ilegales que reemplazan la presencia del Estado en los territorios.
Interceptan órdenes de grupos criminales
Las autoridades judiciales investigan pruebas contundentes sobre esta interferencia. Varias llamadas telefónicas interceptadas revelan instrucciones directas de alias ‘Mordisco’. En los audios, el cabecilla ordena respaldar candidaturas específicas. También exige excluir a cualquier opositor en las zonas bajo su control armado. «Todos tienen que apoyar», dicen los registros que hoy analiza la justicia. Esta estrategia de coacción busca distorsionar los resultados finales en las urnas.
La normalización de la violencia electoral
El control cotidiano de los grupos armados ha silenciado las denuncias. Las organizaciones sociales advierten que el constreñimiento electoral ya parece algo normal. Muchas víctimas callan por temor a represalias, desplazamientos o asesinatos.
Para la defensora Lina Tabares, el voto libre en estos territorios es actualmente una ficción. La coacción obliga a las comunidades a votar en bloque. Esto reduce el debate político y crea una representación deslegitimada. La crisis institucional se profundiza en las regiones históricamente golpeadas por la violencia. Las autoridades avanzan en las investigaciones para proteger la transparencia de la contienda electoral.
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