Por: David Ríos
Colombia ha mostrado históricamente indicadores macroeconómicos relativamente estables en comparación con otros países de la región. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde una realidad persistente: la profunda desigualdad social y económica que limita el desarrollo del país. El crecimiento, cuando no se distribuye, termina beneficiando a unos pocos y perpetuando la exclusión.
La concentración de la riqueza en Colombia es una de las más altas de América Latina. Grandes sectores de la población sobreviven en la informalidad laboral, sin acceso a seguridad social, pensión ni estabilidad. Esta situación no solo afecta la calidad de vida, sino que debilita el recaudo fiscal y limita la capacidad del Estado para invertir en educación, salud e infraestructura.
La política económica ha privilegiado durante décadas sectores ctivos como el petróleo y la minería, generando dependencia de los precios internacionales. Aunque estos sectores aportan ingresos importantes, no generan suficiente empleo ni promueven una economía diversificada. La falta de apoyo a la industria nacional, al campo y a la innovación ha frenado la creación de valor agregado.
La desigualdad también se refleja en el acceso a la educación. Mientras una minoría puede costear universidades privadas de alta calidad, millones de jóvenes enfrentan barreras económicas que los excluyen de la educación superior. Esto perpetúa un círculo vicioso donde el origen social determina las oportunidades futuras.
Reducir la desigualdad no es solo una cuestión moral, sino una necesidad económica. Los países con menor brecha social tienden a crecer de manera más sostenida y estable. Para Colombia, el reto está en implementar reformas fiscales progresivas, fortalecer la educación pública y promover un modelo productivo que incluya a las regiones históricamente olvidadas.
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