Un caso poco común y que ha generado debate entre ciudadanos y expertos en derechos del consumidor ocurrió el 14 de febrero de 2026 en el parqueadero del reconocido centro comercial Hacienda Santa Bárbara, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El empresario Víctor Molina Afanador denunció públicamente que estuvo varias horas sin poder retirar su vehículo, pese a haber cumplido con lo que el personal del centro comercial le exigió, y que solo pudo salir tras la intervención de su abogada.
¿Qué ocurrió ese día?
Según el relato de Molina, registrado en videos que él mismo grabó y difundió en redes sociales, ingresó al parqueadero del centro comercial a las 6:49 a. m. con el fin de realizarse unos exámenes médicos. La situación desencadenó cuando, tras lavarse las manos en un sanitario, el tiquete del parqueadero se mojó y el código QR quedó ilegible, lo cual impidió la lectura por parte de los lectores automáticos del sistema.
El personal le informó que, por ese motivo, debía pagar una **penalidad de $50.000 pesos, cifra que, según elempresario, él canceló de inmediato y presentó tanto el recibo como la documentación que acreditaba que era propietario del vehículo. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó una espera que se prolongó por horas sin que le permitieran salir del sitio.
Denuncia de retención y la presencia de la Policía
A medida que pasaban las horas sin que se le diera salida, Molina afirmó sentirse retenido. En uno de los videos grabados, alrededor de las 9:30 a. m., dijo: “Fui y pagué, pero llevo aquí dos horas sin que me permitan salir del parqueadero. Considero que esto es una retención”.
Al ver que la situación no avanzaba, pidió la presencia de la Policía Nacional. El empresario aseguró que, cuando los agentes llegaron, estos le indicaron que su actuación estaba limitada por tratarse de una propiedad privada, lo que complicó la intervención de las autoridades en el conflicto. Además, Molina señaló que una superior del centro comercial habría ordenado por altavoz que no se suministrara información a la Policía.
Abogada logra desbloquear salida
La situación mantuvo al empresario en el parqueadero durante alrededor de cuatro horas, hasta que intervino su abogada, quien argumentó ante el personal del centro comercial que se trataba de un presunto exceso de autoridad y limitación de funciones por parte del personal de seguridad, al retener a un ciudadano y su vehículo sin una razón claramente justificada. Tras este intercambio, el personal finalmente permitió la salida del vehículo y algunos empleados salieron sin identificarse.
«Es increíble que yo tenía el papel, pagué, mostré mi cédula y aun así fui tratado como un delincuente», dijo Molina, quien cuestionó qué podría pasarle a un ciudadano que no conoce sus derechos en una situación similar.
Respuesta del centro comercial
Por su parte, la administración de Hacienda Santa Bárbara negó que se hubiera restringido la libertad del empresario y aseguró que lo ocurrido obedeció a sus protocolos internos de verificación de seguridad, diseñados para evitar el hurto de vehículos en sus instalaciones. Según la entidad, no se trató de una retención de persona, sino de un procedimiento de verificación técnica que incluyó revisiones en sus sistemas, cámaras y registros con el apoyo de herramientas tecnológicas enlazadas con la Policía Nacional.
La gestión también recalcó que todos los procedimientos quedaron “debidamente registrados en video” y que su objetivo es garantizar la protección de los usuarios, sus vehículos y la integridad del propio sistema del parqueadero.
¿Es legal esta práctica?
Este caso no solo ha generado indignación en redes sociales y entre conductores, sino que pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la legalidad de retener vehículos y personas en parqueaderos por problemas con el tiquete, aun cuando se presenten documentos que acrediten la propiedad del vehículo y se paguen las penalidades exigidas. Expertos en derechos de los consumidores han señalado que, si bien los centros comerciales tienen la facultad de implementar protocolos de seguridad, estos no pueden derivar en la restricción de la libertad de tránsito sin una justificación legal clara.
Algunos casos similares, aunque no exactamente iguales, han sido objeto de debate público y jurídico en Colombia, donde ciudadanos han denunciado retenciones de sus vehículos cuando no presentaron tiquete, pese a mostrar la documentación correspondiente.
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