La presencia de la minería de Anglogolda Ashanti en el suroeste de Antioquia ha suscitado más de quince años de inquietud y ferviente resistencia por parte de las comunidades campesinas en la región. El proyecto Quebradona, ubicado en el municipio de Jericho, se plantea como una iniciativa destinada al desarrollo de la minería subterránea para la extracción de cobre, oro, plata y molibdeno. Sin embargo, su llegada ha encontrado un rechazo rotundo debido a las preocupaciones que genera sobre los impactos ambientales, sociales y culturales que podría provocar. Aunque la inversión de la compañía se presenta como una gran oportunidad de beneficios económicos para las comunidades, se percibe como una amenaza directa contra sus modos de vida, su soberanía alimentaria y la biodiversidad del territorio, históricamente agrícola y rico en recursos naturales.
Luego de décadas de lucha y resistencia, la comunidad no ha cesado en su oposición, y desde abril pasado, los campesinos de los versados Vallecitos, en el corregimiento de Palocabildo, perteneciente al municipio de Jericó, se encuentran en una protesta ininterrumpida. Rechazan las nuevas acciones de Anglogold Ashanti para llevar a cabo estudios de investigación, a pesar de la falta de protección ambiental. A menudo se repite que la compañía intenta implementar métodos encubiertos para facilitar su ingreso, utilizando equipos que son introducidos en las primeras horas del día, mientras sus trabajadores se disfrazan de recolectores de café, intentando camuflar sus verdaderas intenciones.
Este modo de operar no es inédito. En 2022, un grupo de campesinos ingresó a la granja para evitar la construcción de la plataforma minera. En 2023, previo a un segundo intento de perforación, desmantelaron una de las plataformas de investigación como parte de un acto de protesta pacífica debido a la falta de cumplimiento por parte de la compañía con los principios de transparencia y acceso a la información. Este acto llevó luego a iniciativas judiciales: 4,522 campesinos enfrentaron procesos en 2022 y 61 en 2023. En la actualidad, 11 de ellos se encuentran acusados ante el fiscal por delitos como el secuestro simple, robo calificado y daño a la propiedad. De esta manera, el poder judicial se convierte en una herramienta para intimidar y desarticular la resistencia comunitaria.
El peso del conflicto va más allá de lo local. En Colombia, el país se posiciona como uno de los más peligrosos para los defensores ambientales. Según denuncias de organizaciones como Testigo Global, se han documentado numerosos casos de asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados contra líderes sociales que defienden sus recursos naturales, tales como el agua y la tierra. A lo largo de 2023, se reportaron 196 asesinatos de activistas, evidenciando que América Latina concentra el 85% de estas víctimas en la región, con Colombia siendo el país más afectado, registrando 79 muertes relacionadas con la defensa de la naturaleza.
Bajo este panorama, las multinacionales mineras han operado con el respaldo de los gobiernos, que frecuentemente priorizan el extractivismo sobre la protección de los territorios y derechos humanos. Anglogold Ashanti, una de las compañías productoras de oro más grandes a nivel mundial, tiene un historial marcado por la contaminación ambiental, conflictos con las comunidades y violaciones de derechos en varios países de América Latina y África. En Colombia, intenta ganarse la simpatía de las comunidades mediante la oferta de ciertos beneficios como ayuda financiera, acuerdos con instituciones educativas y patrocinio a eventos culturales. Sin embargo, muchos habitantes de la región perciben estas acciones como intentos de dividir a la población sin abordar sus preocupaciones materiales de fondo.
Las manifestaciones en defensa de la naturaleza y la vida en el suroeste de Antioquia no son acciones espontáneas, sino que son el resultado de un proceso extenso de organización social. Diversos ciudadanos han creado plataformas colectivas, como el Comité Técnico de Defensa de los Territorios, el Comité de Defensa de Jericho y el movimiento de jóvenes independientes en el suroeste, entre otros, que han sido clave para establecer una oposición informada, pacífica y fuerte. A través de foros, encuentros, acciones legales y presencia constante en los medios de comunicación, estas organizaciones han logrado consolidar una voz colectiva que demanda un respeto por la dignidad de su territorio.
En esta lucha, que implica a toda la comunidad, el año 2024 será un testigo clave, marcando el reconocimiento oficial del área destinada al desarrollo de Quebradona como zona de protección para la producción de alimentos (ZPPA), que contempla áreas especiales para la producción alimentaria (APPA), lo que limita legalmente el desarrollo de actividades mineras en la región. A pesar de esta medida, la compañía persiste en sus intentos de operar en el territorio, ignorando la normativa y presionando para reabrir los procesos de licencia. En días recientes, representantes de varios ministerios, como el de Agricultura, Interior, Medio Ambiente y Minas, así como la Agencia Nacional de Minería, fueron vistos en el bloqueo campesino, pero no lograron establecer su acceso a las áreas donde se prohibieron las perforaciones ilegales. Los propietarios de tierras han exigido una orden judicial para habilitar la investigación, mientras que los manifestantes advierten que esto podría ser una estrategia para ganar tiempo y permitir que las máquinas ingresen en la zona.
En medio de esta situación, marcada por amenazas, criminalización y represión institucional, las comunidades del suroeste antioqueño siguen apostando por la vida. Para ellas, el agua que brota de las montañas, la tierra que produce alimentos y la dignidad de un asentamiento sin miedo son valores irrenunciables. Su lucha no solo es en defensa de su región, sino de un modelo de desarrollo que respete la naturaleza y priorice los derechos de las personas por encima de los intereses de las corporaciones transnacionales.
La historia aún se está escribiendo, pero es evidente el coraje y la claridad política de estas comunidades. Su resistencia es digna de ser admirada, no solo en Colombia, sino en todo América Latina y representa una esperanza viva ante el avance del extractivismo. En la defensa del suroeste de Antioquia, también se encuentra la defensa de una tierra justa y soberana, que esté en armonía con la naturaleza.
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