Se sienten utilizados después de que se rompió el contrato firmado.
Una ola de indignación se desató en el sector San Antonio Norte luego de que la comunidad condenara lo que calificaron como un nuevo engaño por parte de las autoridades, tras la inasistencia a una reunión clave donde se esperaban soluciones urgentes a los problemas viales y de alcantarillado. Se remonta al 6 de marzo cuando los vecinos decidieron cerrar la vía como medida de presión, cansados de que la calle 24 estuviera abandonada y deteriorada. La protesta obligó a la presencia de un representante del ayuntamiento, quien en un documento de compromiso prometió soluciones concretas a cambio de que la comunidad retirara la barrera. Ese día se acordó realizar una mesa técnica y una reunión final para el 9 de abril, con la participación de la Oficina de Infraestructura y Corpoboyacá. La comunidad, confiando en la palabra institucional, aceptó abrir el camino y esperar. Pero lo que ocurrió el 9 de abril fue todo menos lo prometido.
No estuvieron presentes la alcaldía ni Corpoboyacá. Según dirigentes del sector, la cancelación se anunció en el último momento, sin una explicación clara y sin ningún representante presente que diera la cara a los vecinos que llevaban semanas esperando esta reunión. «Nos dejaron de pie. Esto es una falta de respeto total. Firmaron compromisos y hoy simplemente no se presentaron», dijo el presidente del Consejo de Acción Comunal, claramente molesto por la situación. La comunidad asegura que el enojo no es solo por la ausencia, sino también por el contexto en el que se hicieron las promesas. El compromiso se asumió en medio de una situación electoral que ha levantado sospechas sobre si las soluciones ofrecidas fueron simplemente una estrategia para calmar las protestas del momento.
Mientras tanto, el problema sigue intacto. Las carreteras siguen en mal estado, lo que dificulta la movilidad, especialmente del transporte público, que ya tiene una frecuencia limitada. A esto se suman fallas en el sistema de alcantarillado, que representan un riesgo para la salud de la población.
Los dirigentes advierten que la paciencia se está acabando y no descartan reanudar las operaciones si no hay respuestas inmediatas. «No queremos cerrar, pero si no van nos obligarán», dijeron. Este caso ilustra una situación que se repite en muchas sociedades: promesas que se hacen bajo presión, compromisos que se firman y luego se olvidan. El incumplimiento no sólo afecta al trabajo, sino que también rompe la confianza entre ciudadanos e instituciones.
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