Muerte anunciada en la misma secretaría gubernamental
El 2 de noviembre de 2021, en la comuna de Busbanzá, se vivió una tragedia que dejó a toda la región de Boyacá con un sentimiento de horror y conmoción. En ese fatídico día, dentro de las instalaciones de la Secretaría gubernamental completa, se perpetró el asesinato de Edilma Adame Calderón, quien había ejercido heroicamente como bombero. La razón de su presencia allí era una Conciliación con su ex pareja, William Alexander Terán Adame.
En un acto desesperado y lleno de impotencia, Edilma había solicitado la Eliminación de bonos que deberían haber garantizado su seguridad. Sin embargo, el sistema de protección falló estrepitosamente: su agresor logró entrar al Ayuntamiento de la ciudad con armas blancas y, en un desenlace trágico, la atacó fatalmente. Tras este horrendo acto, William también utilizó la misma arma para quitarse la vida, falleciendo momentos después al ser trasladado a un centro de salud.
Relación rota, muchas quejas … y sin armadura institucional
Los medios de comunicación se hicieron eco, aunque de manera no oficial, de que Edilma había finalizado la relación con su agresor unos meses antes de su muerte, y que incluso había comenzado una nueva historia sentimental. Este hecho, según afirman especialistas, podría haber sido un detonante para el crimen.
Es crucial señalar que la víctima no era ajena a la violencia, ya que había realizado quejas previas sobre el abuso de su ex pareja. Esta realidad convierte la omisión de los protocolos de seguridad en un asunto aún más grave para la administración municipal. Además, Edilma era madre de tres niños que no eran producto de su última relación, y desde ese momento, su familia ha exigido justicia por el feminicidio que le arrebató la vida.
REPRESIONES DE JUSTICIA: El municipio debe pagar $ 1 mil millones
En un segundo proceso legal, el tribunal administrativo de Boyacá dictó una resolución en contra de la comuna de Busbanzá, subrayando la responsabilidad institucional en el feminicidio. La sentencia se basó en la falla de seguridad que permitió que el agresor ingresara a las instalaciones armados.
Como resultado de estas omisiones, el municipio enfrenta la obligación de pagar $ 1 mil millones de pesos, una suma que representa un preocupante 40% del presupuesto total de Busbanzá.
«Tendremos que dejar de realizar otras actividades necesarias»: el alcalde de Rodolfo Torres
El actual alcalde de Busbanzá, Rodolfo Torres, ha confirmado que esta decisión se deriva de un proceso legal heredado de la administración anterior. En declaraciones a los medios, expresó:
«La situación fiscal de la comuna no pasa por el mejor momento. Evaluaremos cómo responder, pero ciertamente tendremos que dejar de realizar otras acciones necesarias para la operación de la comuna.» afirmó el alcalde.
Implicaciones legales: ¿Qué falló? ¿Quién responde?
El Código Penal Colombiano es claro respecto a los deberes del Estado en situaciones de omisión. Aunque el agresor fue el autor directo del crimen, el Artículo 90 de la constitución establece que el Estado debe responder por los daños causados por la acción u omisión de sus agentes.
En este caso, la falta de controles adecuados en la oficina del alcalde y la ausencia de un programa de protección efectivo se convirtieron en los principales factores que llevaron a la sentencia.
La decisión sirve como un llamado monumental para las administraciones locales. Es vital que se comprenda que los protocolos de protección para mujeres en situaciones de riesgo no son opcionales, sino un deber legal y una responsabilidad moral.
Crimen en la oficina del alcalde. Arma blanca. Bono ignorado. Y ahora un fracaso histórico, que cuesta a Busbanzá el 40% de su presupuesto.
También puede estar interesado:
5
