La Oficina del Ministro de Justicia ha recibido un caso penal que involucra al Ministro del Interior, Armando Benedetti, así como a la jefa del Departamento Administrativo de la Oficina Presidencial (DAPRE), Angie Rodríguez. Las acusaciones se refieren a presuntas violaciones que han generado preocupación y protestas en el ámbito político y social. Este caso ha sido presentado formalmente por la abogada Estefania Orozco Torres, quien ha solicitado a la unidad que inicie una investigación con carácter urgente, argumentando la gravedad de los hechos que se mencionan en la queja.
De acuerdo con el documento presentado, la queja se fundamenta en declaraciones oficiales recientes de la ministra de justicia saliente, Angela María Buitrago. Ella afirmó que había sentido presiones que no se basaban en criterios técnicos o de gestión, sino en intereses personales o políticos que comprometen la integridad de la institución. Buitrago presentó su renuncia irrevocable el pasado 12 de abril, y esta entrada en efecto a partir del 1 de junio, coincidiendo con la explosión de esta controversia.
En sus declaraciones, la exministra Buitrago mencionó de manera explícita a Benedetti y a Rodríguez como los responsables de esta supuesta presión. Se dice que existieron intentos deliberados por influir en la eliminación de los servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC), cuyo director, Ludwig Valero, habría sido una de las víctimas de tales maniobras. Además, se ha reportado una presión significativa para mover a la prisión, lo que podría haber afectado la operatividad de las instituciones involucradas.
La queja sostiene que estos hechos podrían constituir un delito que afecta el debido proceso, específicamente señalado en el Artículo 411 del Código Penal de Colombia. Dicho artículo castiga a los funcionarios que utilizan su posición para obtener beneficios personales inapropiados o para favorecer a terceros, lo que podría tener repercusiones severas para los acusados si se prueba la veracidad de las afirmaciones.
Entre las pruebas que la abogada Orozco solicita de forma urgente se incluyen las declaraciones de Buitrago, así como registros de llamadas y mensajes enviados en 2025 por los funcionarios involucrados. En un esfuerzo por fortalecer su caso, también se pretende interrogar a Rodríguez sobre la existencia y el contenido de un presunto grupo de chat del gabinete presidencial, donde se dice que se habrían discutido o dado instrucciones relacionadas con los casos de presión.
Es relevante mencionar que Armando Benedetti también enfrenta actualmente un fallo de la Corte Suprema relacionado con otros hechos, lo que, según la abogada Orozco, sugiere un patrón de mala conducta por parte del Ministro. Esta situación plantea interrogantes sobre su ética y comportamiento en el ejercicio de su cargo.
Por último, el peso de las acusaciones de Buitrago es significativo. Conocida como un «fiscal de hierro» debido a su extensa carrera y experiencia en el sistema de justicia colombiano, su palabra y su trayectoria otorgan a las acusaciones un nivel de credibilidad especial. Esto podría influir no solo en el avance de las investigaciones, sino también en la percepción pública sobre la corrupción en el gobierno.
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