Este problema debe ser el eje principal de una política pública para la protección infantil.
La situación alarmante de la infancia en Bogotá está alcanzando niveles críticos. Este año, más de 760 menores han desaparecido hasta la fecha, y hay preocupaciones significativas sobre las características de estos casos: una gran parte de ellos son adolescentes, principalmente mujeres, y provienen de entornos marcados por la violencia doméstica. Este hecho inquietante fue expuesto por los funcionarios Fabián Puentes y Samir Bedoya, representantes del Partido Político de Mira, durante un evento titulado ¿Qué está pasando con los hijos menores que faltan en Bogotá?, bajo la contribución del Ministro Mary Clara.
Una imagen que no se puede estandarizar
Samir Bedoya expresó con gran contundencia: «No estamos simplemente hablando de números, estamos hablando de vidas perdidas, de familias que se desgarran, de niños que nunca serán los mismos”. Subrayó que la violencia doméstica no solo descompone un ambiente seguro para los niños, sino que también representa un factor crítico que motiva a muchos de ellos a abandonar sus hogares. De ahí surge el riesgo de que caigan en las entrañas de la trata de personas, siendo también objeto de explotación por parte de delincuentes que aprovechan su vulnerabilidad en la red.
Además, hizo énfasis en que alrededor del 70% de los desaparecidos son mujeres y que el 90% son adolescentes, situación que exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado. «Cuando un menor desaparece, no hay forma de restituir esa pérdida por completo. La prevención debería ser la prioridad de nuestra institución gubernamental», resaltó.
La tecnología debe proteger, no llegues tarde
Fabián Puentes, quien actuó como portavoz de Mira, recordó que este grupo político se encargó del proyecto que dio lugar a la creación de la Ley Sara Sofía, un mecanismo diseñado para informar sobre la desaparición de menores en tiempo real a través de plataformas digitales. Sin embargo, criticó la implementación deficiente de esta legislación en Bogotá y la escasez de acción por parte de las empresas de telefonía móvil que están obligadas por ley a enviar alertas inmediatas ante estos incidentes.
«El problema no termina simplemente con las desapariciones de menores, lo que en verdad agrava la situación es que la reacción del Estado se presenta con demoras inaceptables», añadió Puentes. También subrayó los peligros emergentes en el entorno digital, donde redes sociales y plataformas de comunicación se han convertido en canales mediante los cuales muchos menores son susceptibles a actos criminales. Mencionó casos alarmantes recientes de menores que han desaparecido tras conocer a individuos en línea, enfatizando que el gobierno no puede seguir ignorando esta problemática. «La seguridad de los niños no es sólo un asunto familiar; es una responsabilidad que debe ser asumida institucionalmente», afirmó.
Ambos concejales recomendaron que el Departamento de Tecnología de la Información dirija el desarrollo de una política de prevención digital, y exigieron que el gobierno local implemente medidas eficaces para erradicar cualquier forma de publicidad sexual que rodee los entornos escolares. También propusieron el establecimiento de un sistema de información internacional que contemple decisiones más eficientes y oportunas en el ámbito de la protección infantil.
«Cuando un menor es abusado o desaparecido, su vida nunca vuelve a ser la misma», insistió Bedoya. «No podemos continuar discutiendo esto como si fuera un mero conjunto de estadísticas. Bogotá necesita políticas públicas concretas, centradas en la prevención, que abarquen todas las esferas de la sociedad. Proteger a nuestros niños es una obligación que no puede ser postergada”.
Entre 2023 y febrero de 2025 se ha informado
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