Recientemente, los acontecimientos de violencia en el Corregimiento de Jardines de Sucibíos, en la comuna de Ipiales, han suscitado la atención de las autoridades. En respuesta, se celebró un Consejo de Seguridad en el cual participaron diversas autoridades profesionales, nacionales y del ámbito público para abordar la situación y formular respuestas adecuadas a la crisis que se vive en la región.
Víctimas
El contexto actual ha priorizado la atención a la crisis humanitaria que afecta a las comunidades indígenas, afro dependientes y campesinas del área. Estas comunidades han sido severamente afectadas por conflictos armados y enfrentamientos que se han desatado en el territorio, dejando consecuencias devastadoras en la población civil.
Particularmente, los enfrentamientos entre los grupos de tráfico de drogas conocidos como «Los Docheros», originarios de Ecuador, y los llamados «comandos fronterizos» de una estructura armada han generado un impacto significativo en la situación de los habitantes locales, quienes se ven atrapados en una lucha que no les pertenece.
Muchos de los residentes de la zona, que pertenecen al Consejo Social de la Nueva Esperanza, han tenido que afrontar desplazamientos forzados y situaciones de encarcelamiento. Sin embargo, han recibido el apoyo de las administraciones de Orito y Mocoa, en el departamento vecino de Putumayo, que han estado trabajando para mitigar los efectos de esta crisis en la población desplazada.
Leyes
Durante la reunión del Consejo de Seguridad, se definieron medidas urgentes dirigidas a garantizar tanto la protección de los derechos humanos como la seguridad de la comunidad. Es esencial tomar acciones que ayuden a restaurar la paz en esta conflictiva zona del país.
Se prevé un fortalecimiento de la presencia institucional mediante el apoyo humanitario que se canalizará a través de operaciones conjuntas entre las brigadas del Ejército Nacional Nariño y 27 Putumayo. Esto tiene como objetivo asegurar el control territorial sobre el río San Miguel, el área fronteriza entre Colombia y Ecuador, facilitando así el retorno seguro de las familias que han sido reasentadas por la violencia.
Además, en coordinación con el Ministerio del Interior, se han establecido medidas de prevención y protección específicas dirigidas a tres consejos sociales y a las guardias indígenas que residen en la región. Esto tiene la intención de salvaguardar su integridad y autonomía frente a la creciente influencia de grupos armados ilegales.
Compromiso
El subsecretario de la paz y derechos humanos, González, durante su intervención, expresó que «se están destinando fondos para fortalecer la presencia institucional en esta área, donde anteriormente había escasez de apoyo». Este compromiso reafirma la intención de las autoridades de proteger la vida, la paz y los derechos de las comunidades que habitan en la frontera.
La principal meta en este territorio es enfrentar los diversos factores de riesgo que ponen en peligro la estabilidad, ya que la violencia ha penetrado de forma agresiva, lo que ha dejado a numerosas familias en condiciones de desamparo.
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