Uno de los aspectos más alarmantes de los derechos no autorizados en nuestra era, no se limita únicamente a la cuestión del poder económico, sino que también refleja una lógica capitalista extremadamente destructiva. Este modelo de acumulación de ganancias no solo ha llevado a la explotación de recursos, sino que también ha puesto en peligro la sostenibilidad de la vida, la inteligencia humana y la propia biosfera que sustentan nuestro planeta. Este contexto es crucial para entender los desafíos de nuestro tiempo.
Las naciones que alguna vez encontraron un consenso en torno a la protección de la Tierra, su salud y su preservación, se encuentran hoy fragmentadas. Este es un signo de un nuevo orden mundial, uno que parece inimaginable e incierto. En la actualidad, observamos cómo la ley de la jungla se manifiesta en poderosos puntos neurálgicos, impulsados por un nacionalismo creciente que ha dejado de lado el bienestar no solo de los seres humanos, sino también del planeta en su conjunto.
Hemos expuesto datos fríos y aterradores que detallan los indicadores de calentamiento global y sus consecuencias devastadoras en los fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos datos, pareciera que no tienen relevancia para los responsables de la toma de decisiones en las administraciones gubernamentales. Este desinterés se ilustra en su escasa acción ante el Acuerdo de París, que en teoría busca la reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes. Este acuerdo fue ratificado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2024 (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, entre el 11 y el 24 de noviembre de ese mismo año.
En esa cumbre, se reunieron más de 65 mil actores públicos y privados para discutir la actualización de las emisiones globales y la venta de marcas de gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de mitigar el cambio climático. La COP29 marcó un hito, ya que se acordó movilizar 300 mil millones de dólares para financiamiento climático a partir de 2025, con miras a 2035. A pesar de que esta cifra representa un avance significativo, aún queda mucho por hacer, ya que se triplicó la inversión previa de 100 mil millones de dólares.
Este financiamiento se contempló con la intención de eliminar obstáculos en la transición energética y cumplir con los ambiciosos objetivos relacionados con fuentes de energía renovables. Se busca también acortar drásticamente los tiempos de licenciamiento y mejorar la preparación de las redes para aumentar los proyectos de autosuficiencia energética en los países en desarrollo.
Es urgente que estas tres iniciativas clave sean implementadas: a) La creación de una red global de energía, con el objetivo de alcanzar 1500 GW de capacidad instalada para 2030; b) El compromiso con la energía verde, que promueve el desarrollo de corredores dedicados a la energía limpia; y c) Un liderazgo en la producción de hidrógeno limpio, que busca aumentar esta forma de energía limpia. Estas tres iniciativas son fundamentales para que la infraestructura energética global respalde un aumento notable en la capacidad de almacenamiento de energía y optimice la distribución de electricidad, con el fin de facilitar el acceso a energía asequible y sostenible, reduciendo así la dependencia de fuentes contaminantes.
Sin embargo, a pesar de estos avances prometedores, el compromiso de Estados Unidos, la primera economía del mundo y principal fuente de contaminación, con respecto a la agenda verde es cuestionable. Desde el inicio de la administración de Donald Trump, el compromiso con el medio ambiente se ha debilitado significativamente. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que, por segunda vez, reiteraba su decisión de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, priorizando la energía fósil por sobre las energías renovables.
Esta decisión no es trivial: el objetivo del Acuerdo de París es «mantener la temperatura promedio mundial significativamente por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados centígrados». La orden ejecutiva, titulada América en acuerdos ambientales internacionales, argumenta que dichos contratos resultan en el envío de dinero de los contribuyentes a fondos que no necesariamente favorecen los intereses de los ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con esta orden, el embajador de Estados Unidos ante la ONU «enviará de inmediato un aviso formal» de la intención de retirar al país de cualquier acuerdo, pacto o similar al marco de la Convención de las Naciones Unidas. Además, esta carta indica que se suspenderán o revocarán de inmediato todos los compromisos financieros asumidos por Estados Unidos bajo la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
En este contexto de un nuevo orden mundial caracterizado por el extremo individualismo y la falta de compromiso ambiental, la depredación del planeta parece haber recibido un visto bueno. Es imperativo que la comunidad internacional se haga responsable y contrarreste este retroceso, una lucha urgente donde está en juego el futuro de todas las naciones, de cada individuo y de toda forma de vida sobre este planeta.
