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El Plan de Planificación Territorial (LON) está actualmente sumido en su fase de diagnóstico, donde se busca involucrar a los ciudadanos para que se identifiquen junto a diversos sectores, se expongan problemas territoriales y se propongan posibles soluciones. Este diagnóstico civil tiene como objetivo robustecer el diagnóstico técnico que ya existe en el territorio. Sin embargo, surgen múltiples preocupaciones en torno a la participación ciudadana, el urbanismo y los intereses generales de la administración en funciones. Estas preocupaciones se centran en la transformación de los territorios, donde las normas adoptadas deben ser más resistentes y estar más alineadas con las realidades territoriales, abarcando no solo aspectos urbanos, sino también económicos y sociales. Sin embargo, la experiencia práctica y la historia nos han demostrado que tales enfoques han contribuido muy poco, o nada, a mejorar las condiciones naturales y sociales que realmente requieren tanto el territorio como la población que lo habita.
Es fundamental que las autoridades técnicas y urbanísticas en el sector de la construcción colaboren con otros sectores relacionados y fortalezcan la voz civil a través de diferentes formas de participación que se alineen con la constitución y con la ley vigente. Este es un aspecto crucial para asegurar que las futuras decisiones urbanísticas estén bien fundamentadas y cuenten con la participación activa de la ciudadanía.
El territorio urbano, así como el rural, no puede ser administrado como si se tratara de un espacio rígido e inflexible. El ordenación territorial requiere un enfoque complejo que debe articularse con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Un ejemplo clave es el Parque Nacional Los Farallones, cuya habilitación, preservación y recuperación debe ser una prioridad, haciendo de este un territorio privilegiado para la vida humana. Con la Reserva Forestal Protectora Nacional Los Ríos Cali y Meléndez en el proceso de regularización, es esencial vislumbrar un futuro claro que abarque aspectos ambientales, económicos y sociales, todo ello en el marco de la sostenibilidad ambiental, protegiendo los recursos hídricos que son de vital importancia, especialmente en una ciudad como Cali, que alberga siete ríos que emergen de esta zona.
¿Cómo se puede esperar transformar la ciudad y su territorio sin escuchar las opiniones de los ciudadanos? Este enfoque es crítico porque los ciudadanos no son solo estadísticas; son el núcleo de la planificación territorial y del urbanismo. La gentrificación, que se presenta como un eufemismo para la reubicación de residentes y la construcción de costosos edificios residenciales, ha fomentado una burbuja inmobiliaria que se resiste a reconocer su fragilidad y que podría, en definitiva, desencadenar un colapso económico en el futuro.
El director de la planificación territorial ha señalado que «hay un enorme conflicto por la tierra en el territorio, especialmente con la proliferación de restaurantes y bares, donde la regulación no ha podido prever ni manejar la situación adecuadamente». Además, ha mencionado que la desaceleración del crecimiento urbano está relacionada con la activación del mercado de tierras que tiende a distorsionarse.
Este fenómeno de crecimiento anárquico es consecuencia de políticas urbanas de administraciones anteriores, incluidas aquellas de la década de 1990, que no abordaron adecuadamente la necesidad de fortalecer la industria como motor de crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. La Junta de Gestión parece desconectada de la realidad que se manifiesta a través de la construcción descontrolada de viviendas, oficinas, edificios y centros comerciales. Esto ha conllevado a un desprecio por los paisajes naturales, el medio ambiente y la infraestructura de servicios públicos, generando una contaminación que afecta todos los aspectos de la vida urbana.
Las construcciones registradas, excesivamente numerosas en las ciudades, se verán limitadas por resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente en relación a la «Reserva Forestal de Protección Nacional Integrada de Río Cali y la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Meléndez», que buscan formalizar la protección de áreas cruciales para el suministro de agua y la biodiversidad. Estas decisiones deben enfocarse en preservar ecosistemas naturales y asegurar un manejo sostenible de los recursos.
Los ciudadanos de Cali, que no son parte de la élite política, económica y social, deben asumir un rol activo en la construcción y sostenibilidad del entorno urbano. Es vital que las decisiones se tomen con un firme compromiso hacia la defensa y protección tanto del área urbana como de la rural de Cali.
La nueva planificación territorial no debe convertirse en un documento denso y confuso, comprensible solo para arquitectos y urbanistas. Debe basarse en un diagnóstico representativo que refleje verdaderamente la voz de la comunidad, y no sólo las perspectivas de un pequeño grupo de expertos que podrían no captar la complejidad de la realidad urbana. Este proceso debe abordar las verdades de las causas que generan problemas urbanos, buscando un equilibrio que no continúe socavando el patrimonio natural y cultural de la ciudad, la cual ha sufrido un deterioro significativo ante el crecimiento descontrolado y la especulación inmobiliar.
Sin la participación efectiva de los ciudadanos en la formulación de políticas urbanas, se corre el riesgo de que estos esfuerzos se conviertan en meras formalidades que no reflejan la realidad vivida por los caleños, quienes se enfrentan a desafíos como el acceso al agua y la seguridad alimentaria. A pesar del 75 por ciento del territorio rural de Cali que es rico en biodiversidad, se ha descuidado en gran medida la protección de sus recursos, subsidiando un enfoque que prioriza el ecoturismo sin garantizar la preservación de los ecosistemas.
Es preocupante que las viviendas sociales y prioritarias en zonas rurales no reciban la atención necesaria, lo que resulta en una atracción masiva de personas de otros municipios hacia el área urbana, en busca de alojamiento de interés social y prioritario.
Cuando se reformule la nueva planificación, deberán considerarse las diversas realidades de los sectores de la ciudad y las colinas aledaños, así como la necesidad de llevar a cabo obras fundamentales que mitiguen los problemas existentes que enfrentan Cali y sus habitantes.
Finalmente, la nueva planificación debe formularse con un enfoque proactivo que contemple elementos vitales como agua y sostenibilidad, como se indica en el PND estrategia 2022-2026, y debe estar inextricablemente ligada a la realidad urbana que enfrenta Cali.
Cali, 8 de marzo de 2025.
El control ciudadano sobre el gobierno público es un requisito esencial para la realización de la verdadera democracia y la coexistencia social.
