ATLÁNTICO, Colombia – En un significativo avance en la lucha contra la corrupción en el país, la policía local ha confirmado la detención de un total de 17 personas, todas ellas presuntamente involucradas en una red criminal que operaba a gran escala. Este grupo se dedicaba al robo y marketing ilegal de tierras, específicamente en la jurisdicción de Atlántico. La operación de captura fue el resultado de un extenso año de investigaciones llevado a cabo por las autoridades y ha sido fundamental para descubrir la implicación de varios funcionarios públicos destacados en este grave esquema de usurpación de tierras.
Entre los detenidos se encuentran tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, un notario público, un calificador de instrumentos públicos, así como un asesor legal del alcalde de Soldad. Según explicó el General de Brigada, Yecid Peña, quien se desempeña como comandante de la región de la Policía de 8, todos los individuos arrestados enfrentan graves acusaciones que incluyen la formación de un concierto para la comisión de delitos, así como falsificación de documentos públicos con el fin de lograr la apropiación ilegal de terrenos.
La mecánica de operación de esta red criminal consistía en la omisión de controles legales establecidos y en la creación de documentos falsos, lo que les permitía adjudicar la propiedad de terrenos que posteriormente serían comercializados. Un caso muy notable entre las propiedades afectadas corresponde a un terreno que había sido destinado para la construcción del Megacolegio, el cual fue fraccionado y vendido en partes, generando una transacción que asciende a un total de $50 millones por cada uno de esos lotes.
Las autoridades han calculado que el perjuicio económico total superaría los $22 mil millones. Este fraude ha tenido un impacto directo en un área de aproximadamente 277,000 metros cuadrados, afectando a más de 1,800 familias que dependían de la regularidad de estos terrenos. Las autoridades sostuvieron que, gracias a estas detenciones, se está trabajando activamente para restaurar la confianza de las empresas constructoras y se busca promover nuevamente los proyectos de desarrollo urbano en la región, los cuales son de vital importancia para la comunidad.
Además, este tipo de acciones busca crear un precedente en la lucha contra la corrupción y en la protección de los derechos de los ciudadanos, garantizando que las tierras y recursos públicos sean administrados de manera transparente y legal. Se espera que estos avances en la investigación contribuyan al fortalecimiento del sistema de justicia y a la implementación de mecanismos de control más estrictos para evitar futuros abusos.
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